Buscará diputada armonizar 3 de 3 con padrón de deudores alimentarios
Tras darse a conocer la creación del registro Nacional de Deudores Alimentarios, que impedirá que los padres que se encuentran registrados en este padrón se les permita salir fuera del país, así como la imposibilidad de realizar trámites como casarse o participar en contiendas por cargos de elección popular, la diputada María Luisa Ojeda González señaló que el Congreso del Estado está buscando incluir estos y otros puntos adicionales en la iniciativa para la creación de la Ley 3 de 3 en Baja California Sur.
La legisladora expuso que se están analizando y ajustando los mecanismos para que se armonice la implementación del citado padrón con la propuesta, que se podría presentar en las próximas semanas, misma que, advirtió, beneficiará hasta las personas adultas mayores.
“Se está pidiendo porque hay un alto índice de personas deudoras alimentarias o deudoras morosas alimentarias. Este registro nacional viene a fortalecer a todas las mujeres y sobre todo, el bien superior de la niñez. Que sea ya constitucional y que esto se tenga que armonizar en todos los estados y, sí o sí, todos los hombres y personas, incluyendo mujeres que estén en deuda pensión alimenticia, den cumplimiento para beneficiar a todos los niños y niñas, y también a los adultos mayores que tienen derecho a una pensión”.
La también representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, comentó que el legislativo realizó unas mesas de trabajo en las que se desahogaron diversos puntos que se plantean en la propuesta de Ley que busca la protección de las mujeres sudcalifornianas.
“Sí, es es muy amplia y, sobre todo, que quede en rango constitucional, es algo que todos los estados tendríamos que estar armonizando para que esto sea una realidad para todas, y que las personas que estén en incumplimiento, finalmente se hagan responsables”.
Pese a que ya lleva tiempo el desarrollo de la Ley 3 de 3, Ojeda González aseguró que continuará impulsando la iniciativa hasta que ésta sea una realidad en la entidad y así, los violentadores no asuman cargos de representación popular.
