Trump modifica a toda prisa su plan económico ante la rebelión de los votantes por la falta de asequibilidad

La Casa Blanca también apuesta por bajar algunos aranceles a productos que no se cultivan en Estados Unidos, como café y plátanos, con la promesa de aliviar precios rápidamente
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La presión social por el alto costo de vida se ha convertido en el eje que redefine de manera forzada la estrategia económica del presidente Donald Trump. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto para reordenar la economía estadounidense ahora enfrenta un giro acelerado, provocado por encuestas adversas, derrotas electorales y un electorado que considera insostenible su bolsillo. Así surge un “Plan B” improvisado, cargado de propuestas agresivas, dudas técnicas y advertencias de economistas.

El origen del viraje radica en la incapacidad del Plan A para cumplir sus promesas: llenar las arcas federales mediante aranceles sin elevar la inflación, estimular la inversión con desregulación masiva y abaratar el crédito con rendimientos de bonos más bajos. Aunque el mercado bursátil ha repuntado por el entusiasmo en torno a la IA y los recortes fiscales, los precios al consumidor siguen subiendo, y los aranceles —pieza clave de la estrategia— han presionado al alza varios costos básicos.

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La desarticulación de la primera fase del proyecto económico dejó ver sus límites: las inversiones manufactureras prometidas tardarán años en materializarse, la contratación nacional se ha estancado y las tasas hipotecarias continúan por encima del 6 %, afectando a compradores y elevando los impagos en los créditos automotrices. Todo ello ha reforzado la percepción ciudadana de que la economía no mejora. Según una encuesta de CNN, el 72 % considera que la situación es mala y el 61 % cree que las políticas de Trump la empeoran, un diagnóstico que se reflejó en el reciente giro electoral hacia los demócratas.

En ese contexto político y social nace la nueva apuesta de la Casa Blanca: un conjunto de medidas que buscan alivios inmediatos, aunque con alto riesgo inflacionario. La más llamativa es la propuesta de “dividendos arancelarios”, es decir, cheques de 2.000 dólares financiados con ingresos de aranceles. La medida, defendida por la vocería oficial, necesitaría aprobación del Congreso y podría detonar más demanda sin garantizar mayor oferta, lo que, según economistas, agravaría las presiones de precios.

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Otro pilar del nuevo plan se centra en la vivienda, uno de los sectores con mayor desgaste para los estadounidenses. La administración estudia hipotecas a 50 años para reducir las mensualidades, una idea celebrada por funcionarios como un “cambio de juego”. Pero expertos advierten que un plazo tan largo puede impedir que los prestatarios sean realmente propietarios, al condenarlos a pagar intereses acumulados durante décadas y comprometer su seguridad financiera futura.

Al mismo tiempo, el Gobierno analiza crear hipotecas portátiles, un mecanismo mediante el cual los compradores podrían llevarse consigo las tasas más bajas de sus créditos actuales al mudarse. La intención es descongelar un mercado inmobiliario atrapado por las altas tasas vigentes. Sin embargo, especialistas alertan que el modelo implicaría segundas hipotecas para cubrir diferencias de valor y trastocaría el engranaje financiero que sostiene el mercado hipotecario, elevando incluso los costos que intenta reducir.

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La Casa Blanca también apuesta por bajar algunos aranceles a productos que no se cultivan en Estados Unidos, como café y plátanos, con la promesa de aliviar precios rápidamente. No obstante, analistas señalan que el impacto sería marginal, pues las empresas ya han absorbido la mayoría de los costos arancelarios y factores como el cambio climático mantienen altos los precios del café, mientras que el costo de los plátanos es demasiado bajo para generar un alivio significativo en la canasta básica.

El giro discursivo ya tiene eslogan aprobado por Trump: “Hacer a EE.UU. asequible de nuevo”. Pero detrás de la frase se esconde la contradicción central de su política económica: los aranceles —piedra angular de su proyecto y motor del descontento ciudadano— han contribuido al encarecimiento que ahora intenta combatir. La administración, consciente del desgaste, ha comenzado a ajustar su enfoque interno y a reforzar los reportes económicos al presidente, presionada por la urgencia de responder a una población cansada de vivir al límite.

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