Embarcaciones camaroneras amenazan vida marina de Baja California Sur

A través de redes sociales, activistas, biólogos y especialistas en el fondo marino han solicitado a autoridades marítimas como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que revisen los permisos de pesca de dos embarcaciones camaroneras que se encuentran en la bahía de La Ventana y alrededores de Isla Cerralvo, en La Paz, pues presuntamente están causando daños a los arrecifes.

El motivo por el que se acusa a las embarcaciones, es que ambas realizan la pesca de arrastre, la cual es una práctica que consiste en arrastrar redes por lo largo del suelo marino para levantar todo lo que encuentran a su paso. En México este tipo de pesca ha sido utilizada desde principios del siglo XX, principalmente por las pesquerías de camarón y escama.

Las especies afectadas por la pesca de arrastre son la sardina, el pez gallo y el picudo, es por ello que diversos activistas y especialistas en la vida marina han realizado un llamado urgente a los ciudadanos de La Paz y Baja California Sur, así como biólogos, investigadores, gobierno y comunidades ribereñas para hacer respetar el artículo 33 de la Ley de Pesca.

En este artículo se estipula que “queda prohibido el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, excepto en aquellos casos que expresamente lo autorice la Secretaría oyendo la opinión del Instituto Nacional de la Pesca”. Dicha aprobación se hará constar en la concesión, permiso o autorización que la Secretaría otorgue.

La instructora de buceo y asesora ambiental, Selene Mariel Tejeda Bravo, mediante redes sociales compartió la petición realizada en la página CHANGE.ORG, la cual es una plataforma digital abierta en la que cada día más de 165 millones de personas participan para combatir el cambio climático registrado en diversas partes del mundo. Dicha petición al momento tiene un total de 13 mil 930 firmas.

CPS Noticias solicitó una entrevista a las autoridades de Conapesca y Profepa, sin embargo, al momento no se ha recibido respuesta alguna. Activistas han calificado estos hechos como un ecocidio que no puede seguir permitiéndose.