Estados Unidos cancela protección migratoria a nicaragüenses y hondureños

Imagen generada con IA
Estados Unidos puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua y Honduras, tras más de dos décadas de vigencia. Así lo anunció este lunes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al considerar que ya no se cumplen las condiciones que justificaron dicho beneficio migratorio.
El estatus de protección migratoria para Nicaragua expirará el 5 de julio de 2025, mientras que el de Honduras también quedará sin efecto 60 días después de su publicación en el Registro Federal. La decisión se basa en una revisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Estado.
“El estatus de protección nunca fue diseñado para durar un cuarto de siglo”, declaró un vocero del Departamento de Seguridad Nacional. “La situación ambiental en Nicaragua ha mejorado lo suficiente como para que sus ciudadanos regresen con seguridad”.
Las condiciones ya no justifican el beneficio
Nicaragua fue incluido en el programa en 1999, tras el paso del huracán Mitch. Sin embargo, el gobierno estadounidense considera que los efectos del desastre han desaparecido y que es seguro para los nicaragüenses regresar a su país.
En el caso de Honduras, la secretaria Noem subrayó que el país ha avanzado significativamente en su recuperación. “El Gobierno de Honduras ha sido un gran socio de la Administración Trump”, expresó. También destacó que, bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, se han implementado programas de asistencia alimentaria, apoyo económico, capacitación laboral e integración al empleo.
Incentivos para quienes regresen voluntariamente
El Departamento de Seguridad Nacional alienta a las personas de Nicaragua y Honduras a usar la aplicación CBP Home para reportar su salida de Estados Unidos de forma voluntaria, lo que les permitirá acceder a:
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Un boleto de avión gratuito
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Un bono de salida de 1,000 dólares
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Oportunidades futuras para migrar legalmente a EE.UU.
Esta decisión afecta a miles de ciudadanos que residían en territorio estadounidense amparados bajo el estatus de protección temporal, el cual fue originalmente concedido por motivos humanitarios.
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