Defensores del agua exigen al Ayuntamiento de La Paz la instalación del POEL

El Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida, se manifestó en la explanada del Ayuntamiento de La Paz, para denunciar a la alcaldesa, Milena Quiroga Romero por presuntamente ignorar el llamado para que el municipio cuente con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para proteger al municipio contra los llamados “megaproyectos” de minería a cielo abierto.

Señalaron que el Cabildo de La Paz se pronunció públicamente para declarar a La Paz como “Municipio Libre de Minería Metálica a cielo abierto”, discurso que solo representa una postura política y que no cuenta con el peso legal, dejando todo solo en promesas y palabras que se lleva el aire.

Esto fue lo que Anahi Trasviña Mar, representante de la organización, comentó:

“Debemos señalar que recientemente el Cabildo de La Paz se pronunció públicamente para declarar al municipio como “Municipio libre de minería metálica a cielo abierto”, pero esto representa sólo una postura política la cual no tiene ningún peso jurídico.  A sabiendas de que no estaban obligados a cumplir con ese pronunciamiento y que el Cabildo no tiene facultad para otorgar cambios de usos de suelo se pronunció en contra de la minería y posteriormente, autorizó el trámite para uso de suelo a favor de una minera”, dijo.

Comentaron que este trámite inició con Esthela Ponce e Ignacio Monroy; pasaron por las administraciones de Armando Martínez Vega, Rubén Muñóz y ahora, Milena Quiroga, y nadie cumple el compromiso pactado para culminar con el citado instrumento legal.

“En cada administración, desde Estela Ponce hasta Armando Martínez y Rubén Muñoz, todos, se comprometieron para lograr la conclusión del POEL, pero incumplieron; ahora es el turno de la alcaldesa Milena Quiroga y nos queda claro que no dará respuesta a la solicitud del sector social para realizar una reunión que abordará los aspectos necesarios para darle continuidad a este instrumento”, sostuvo.

Los agrupación afirmó que al no existir una justificación para que las autoridades incumplan las exigencias que establece el artículo primero constitucional, que señala “la obligación para que las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos”, los defensores afirmaron que, de continuar con esta falta de interés y claridad por parte de las autoridades municipales, sin precisar las acciones a realizar, la organización iniciará los trámites legales para ejercer presión para que el POEL finalmente vea la luz.