Fiscalía de Baja California persigue a 20 policías de Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California ha iniciado una investigación contra 20 agentes de la Policía Municipal de Ensenada por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes en el ejido El Porvenir, ubicado en el Valle de Guadalupe.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, informó que seis de estos agentes ya han sido detenidos y presentados ante un juez de control, mientras que otros dos se encuentran prófugos de la justicia.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo, cuando varias patrullas municipales irrumpieron en una vivienda donde se celebraba una fiesta y detuvieron a los jóvenes, quienes nunca fueron presentados ante la comandancia policial.
Esta acción se realizó sin contar con una orden judicial, lo que ha generado una fuerte indignación en la comunidad y ha puesto en entredicho la actuación de las fuerzas del orden locales.
La fiscal Andrade Ramírez enfatizó que “tenemos noticia que al menos participaron 20 agentes de la policía municipal en ese operativo donde desaparecieron al menos a cinco jóvenes de ese lugar. La investigación continúa”.
Asimismo, destacó que “el mal desempeño de integrantes no puede quedar impune, ni tampoco debe manchar a la corporación municipal. Los malos agentes son una pequeña minoría”.
En respuesta a estos hechos, la Fiscalía ha intervenido directamente en la Policía Municipal de Ensenada para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Además, se ha creado una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con el objetivo de fortalecer las acciones en casos de desapariciones forzadas en la entidad.
La fiscal también mencionó que en la mayoría de los casos han tenido resultados contundentes, como la detención de cuatro presuntos responsables del homicidio de Gil Castro, hermano del influencer conocido como MarkitosToys, asesinado en el restaurante Villa Marina el pasado 28 de marzo.
Este caso ha generado una gran conmoción en la sociedad bajacaliforniana y ha puesto en evidencia la necesidad de una depuración en las corporaciones policiales para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.