Gobierno de México utiliza a ejército y marinos para militarizar el turismo en el sureste

La Secretaría de Marina (SEMAR) ha asumido la construcción y futura operación de hoteles a lo largo del trayecto del Tren Maya, un proyecto emblemático para el gobierno de México.

Estos hoteles, ubicados estratégicamente en puntos clave como Palenque, Edzná, Calakmul, Uxmal, Chichén Itzá y Tulum, contarán con entre 120 y 350 habitaciones.

Además de ofrecer servicios como restaurantes, albercas y gimnasios, su objetivo es atraer al turismo nacional e internacional, complementando la infraestructura del Tren Maya y promoviendo el desarrollo económico en el sureste del país.

Durante la conferencia matutina del 9 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que estos hoteles están próximos a entrar en operación, en paralelo con el inicio de actividades del Tren Maya.

Según el gobierno, esta estrategia busca impulsar el desarrollo económico en una región históricamente marginada y promover la reinversión de los ingresos en las comunidades locales.

No obstante, la asignación de tareas a las Fuerzas Armadas ha generado una fuerte polémica. Críticos sostienen que la gestión de hoteles no corresponde a las funciones tradicionales de las instituciones militares y alertan sobre la posibilidad de ineficiencias o desvíos de recursos de sus responsabilidades primarias.

Además, la construcción de estos complejos en áreas naturales sensibles, como Calakmul y Tulum, ha levantado preocupaciones sobre su impacto ambiental, mientras que la falta de transparencia sobre su administración genera dudas sobre su viabilidad y beneficios para las comunidades.

México tiene una larga historia de fracasos cuando el Estado ha incursionado en el ámbito empresarial.

Las quiebras de empresas paraestatales, las malas gestiones en sectores clave como la banca nacionalizada en los años ochenta y los altos costos de proyectos fallidos como la refinería de Tula son claros ejemplos de lo que puede suceder cuando el gobierno asume roles empresariales.

Estas experiencias han fortalecido la idea de que el Estado, aunque un actor esencial en la regulación, no siempre es el mejor operador en el sector privado.

En particular, el fracaso de *Turissste*, la empresa turística del ISSSTE, es un ejemplo elocuente de cómo el Estado no siempre puede cumplir con las expectativas del mercado.

A pesar de contar con importantes recursos y ser respaldada por el gobierno, esta empresa enfrentó problemas de administración, baja ocupación y, en muchos casos, de calidad en los servicios. Las inversiones no generaron los beneficios esperados, y los complejos turísticos terminaron siendo una carga para el erario.

Esta situación culminó en una serie de cierres y liquidaciones de diversos centros turísticos que en su momento fueron considerados clave en la estrategia del gobierno para ofrecer opciones de recreación accesibles para los trabajadores del estado.

Asimismo, los desarrollos turísticos en estados como *Morelos, Guerrero* y *Nayarit* también han sido ejemplos de fracasos en el sector.

En Guerrero, el gobierno promovió varios proyectos turísticos que no cumplieron con las expectativas, quedando varios de ellos en el abandono por años debido a la falta de mantenimiento y a la desorganización en su administración.

En Morelos, el intento de consolidar un destino turístico internacional también fracasó debido a la falta de un plan de desarrollo sostenible y al deterioro de los recursos naturales que se utilizaban como atractivo principal.

Estos fracasos muestran que, cuando el gobierno intenta impulsar el turismo a través de proyectos estatales, el resultado puede ser, en muchos casos, una inversión perdida y un impacto negativo tanto en las finanzas públicas como en la imagen del país.

El gobierno defiende la participación de las Fuerzas Armadas en estos proyectos, argumentando que garantizará la eficiencia y la transparencia en la administración.

Sin embargo, críticos sostienen que la militarización de tareas civiles podría tener consecuencias a largo plazo en la economía y el desarrollo social del país, además de contribuir a una centralización del poder económico en manos del Estado.

El tiempo será el juez de este modelo, y los resultados de la gestión de estos hoteles, así como su impacto en la región, serán claves para evaluar si esta apuesta es un éxito turístico o simplemente una nueva página en la historia de fracasos de la incursión estatal en el mundo empresarial.