Aprueban iniciativa ciudadana en materia de derechos humanos

El Congreso del estado de Baja California Sur aprobó una iniciativa ciudadana en materia de derechos humanos propuesta por diferentes organizaciones y ciudadanas, con la finalidad de que la comisión tenga mayor eficacia en la protección de los derechos humanos y que les dé certeza a quienes presenten quejas por la violación de sus derechos.

La iniciativa fue presentada por varias personas entre ellas Charlene Ramos Hernández, el Centro Mujeres, Asociación Civil, Teresa Shields, Mónica Jassis Silberg, Silvia Florencia, García Islas, Cristina Ortuño Villaseñor, Fundación Generación Unicornio A.C., Sabrina López, María Elena Rojas, Georgina Hernández, Equide, A.C., y Carla Lourdes Alvizo Rubio.

Durante la sesión ordinaria del jueves 12 de mayo, la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Baja California Sur presentó a discusión el dictamen, el cual fue aprobado por la mayoría de los legisladores presentes.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas que preside la diputada Eufrocina López Velasco así como la diputada María Guadalupe Moreno Higuera y el diputado Juan Pérez Cayetano, encontró procedentes algunas propuestas, ya que aportaban equilibrio para las decisiones que debe tomar la presidencia de la Comisión, como lo es la aprobación del reglamento interno de dicho organismo y acortar los términos para la notificación de resoluciones.

No así, otras propuestas fueron improcedentes, como es el caso del carácter del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se establece en el artículo 23 de la Ley de dicha Comisión, debe prevalecer como Consultivo por estar acorde con lo establecido por la Constitución.

Las principales reformas indican que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá notificar dentro de un plazo que no exceda las 24 horas a las personas quejosas, los resultados de la investigación; la recomendación que haya dirigido a las autoridades, así como la aceptación correspondiente; y a las personas servidoras públicas señaladas como responsables de las violaciones respectivas, la recomendación emitida o en su caso, el acuerdo de no responsabilidad.

Así como que las personas servidoras públicas que ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la Comisión.