Fiscalía Anticorrupción de BCS investigará el enriquecimiento ilícito de servidores públicos
Esta semana se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur una reforma al Código Penal estatal que permitirá a la Fiscalía Anticorrupción investigar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. De acuerdo con el titular de la fiscalía, Lenin Ortiz Amao, anteriormente existía un candado que les impedía iniciar averiguaciones contra ciertos funcionarios.
Ortiz Amao explicó que como requisito de procedibilidad la Contraloría General del Estado debía presentar una declaratoria previa; es decir, que dicha dependencia detectara el enriquecimiento ilícito y presentara una denuncia. Destacó que esto limitaba las acciones de la Fiscalía Anticorrupción.
“Hay servidores públicos que no dependen de la contraloría. No tienen competencia de la Contraloría. Por ejemplo, los servidores públicos de los ayuntamientos no son competencias de la contraloría, los servidores públicos del legislativo, del poder legislativo, o los servidores públicos del poder judicial, la Contraloría no tiene competencia sobre ellos entonces no podría existir investigación penal lo de esos servidores públicos lo que obviamente es inadecuado”, declaró.
El fiscal hizo hincapié en que este es un paso trascendental en el combate a la corrupción. Mencionó que con esto los funcionarios que cometan este delito no solo serán castigados, sino que además deberán regresar el dinero al pueblo.
”Este criminaliza la riqueza inexplicable de los servidores públicos, lo que ha sido el túnel de las maravillas del servicio público para algunos servidores públicos que pasan por el servicio público y terminan siendo millonarios. Este delito criminaliza precisamente eso, esta riqueza que no concuerde con sus sueldos”, dijo.
Con la reforma, que fue aprobada por el Congreso del Estado y que ya es oficial, se modifica el artículo 288 del Código Pena, y se establece que quien cometa el delito de enriquecimiento ilícito recibirá de dos a nueve años de prisión y se realizará el decomiso, en favor del Estado, de los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditar.
GC
