Acceso a la justicia ambiental: un reto en Baja California Sur

El acceso a la justicia ambiental en Baja California Sur sigue siendo un desafío, así lo señalaron expertas durante una conferencia organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el encuentro, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, se abordó la implementación del Acuerdo de Escazú y sus implicaciones para la protección del medio ambiente.

Sarahí Gómez Villada, especialista ambiental de la oficina noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), destacó la brecha existente entre el lenguaje técnico y el legal. Explicó que la falta de un lenguaje común dificulta la comunicación entre ambientalistas e impartidores de justicia, lo que limita la efectividad de las acciones legales para proteger el medio ambiente.

Como ejemplo de este obstáculo en la comunicación, Gómez Villada recordó la vez que acompañaron a una actuaria a un sitio donde las dunas costeras se estaban viendo impactadas por la actividad ilegal. Durante la visita, ella y otro compañero intentaron explicarle los riesgos ambientales y por qué debía detenerse la actividad. Sin embargo, la actuaria no compartía el vocabulario de los expertos.

“Al término de nuestra charla con ella le preguntamos ‘¿Tiene usted alguna duda al respecto? ¿O está todo claro?’. ‘No, todo claro. Bueno, sí, una pregunta: ¿Habrá por aquí alguna planta duna a la que le pueda tomar foto para yo ponerla en mi reporte?’ Y bueno, en ese entonces nos dimos cuenta que estábamos por completo hablando en dos idiomas diferentes, lo que en mi cabeza era una duna para la otra persona en su cabeza era una planta, ¿no?”, mencionó.

La especialista señaló que, aunque México forma parte del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, en la práctica el instrumento no siempre se aplica debido a la falta de conocimiento de la población o a la actuación de los jueces. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de sensibilizar y capacitar a los jueces y abogados en temas ambientales, así como de ofrecer un mayor acceso a la información y herramientas legales para las comunidades.