La consulta va

Calíope

Hoy es dos de octubre y, como cada año, recordamos la matanza de estudiantes a manos del autoritarismo de un régimen que controlaba todo el aparato gubernamental: los tres órdenes de gobierno en los tres niveles del país.

La identificación del partido oficial con el gobierno y con el Estado lograba dominar cada aspecto de la vida pública del país, desde el presupuesto y las políticas públicas hasta la Iglesia y los medios de comunicación, pasando por los ámbitos laborales como los obreros (CTM) y campesinos (CNC) y las organizaciones populares (CNOP).

México ha cambiado desde los aciagos años de ese régimen, sin embargo el sistema político mantiene sus formas y sus contenidos, aunque se haya abierto el juego.

Una prueba de este mantenimiento del sistema lo vimos palpablemente esta semana: el poder legislativo aprobó la desaparición de 106 fideicomisos de diferentes dependencias equivalente a 68 mil millones de pesos y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la consulta pública para enjuiciar a los expresidentes, claro que en pleno ejercicio de su autonomía cambiaron la pregunta original que había mandado el presidente y que terminó siendo la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Respecto a la desaparición de los fideicomisos el presidente aseguró que los beneficiarios continuarán recibiendo los apoyos económicos, pero que se hará una revisión sobre los beneficiarios y eliminar así las anomalías.

Todo con el fin de garantizar que los fondos se entreguen de manera directa. Es decir que, si los fondos todavía existen, serán controlados directamente desde el aparato gubernamental, dirigido por él, así que veremos próximamente cuáles serán las nuevas políticas para recibir los apoyos para ciencia, tecnología, deportes, cultura o para desastres naturales (pues hasta los montos del Fonden desaparecerán).

Y lo mismo pasó con la Suprema Corte, que avaló una pregunta que tendrá fines políticos y no judiciales, pues si existieran pruebas para enjuiciar a alguien, ya sea expresidente, exgobernador, exdiputado o lo que sea, se debería hacer, sin consulta ni nada.

La justicia no se imparte así, sino que existe un marco legal que debe seguirse en caso del incumplimiento de la ley.

Así, a pesar de todos los años y del avance democrático que México ha experimentado desde la masacre del 68, constatamos que el sistema político continúa y que el control de todo el aparato sigue constituyendo uno de los objetivos fundamentales del presidencialismo mexicano.

@cromerogabriell