Adiós a las liquidaciones de lujo: Morena busca frenar abusos de exfuncionaros en BCS

Para evitar que exfuncionarios cobren millonarias indemnizaciones al dejar el cargo, Morena propuso en el Congreso de Baja California Sur una reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios. La medida busca cerrar la puerta a juicios laborales que, tras cada cambio de administración, comprometen millones de pesos del presupuesto público.

La iniciativa plantea que gobernadores, diputados, presidentes municipales, síndicos, regidores, magistrados y jueces electos por voto popular, así como titulares de áreas de confianza como secretarías, direcciones y coordinaciones, no podrán recibir indemnización alguna al concluir su encargo. Se considera que su función es temporal, sin relación subordinada y sin derecho a estabilidad laboral.

Pagos millonarios por laudos laborales

El diputado Venustiano Pérez Sánchez resaltó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas y Administración, entre 2018 y 2024 el Gobierno del Estado erogó más de 157 millones de pesos por concepto de laudos, sentencias y resoluciones de tribunales laborales. 

“Para que no tengamos ya esas componendas que vemos cada cambio de administración, donde se vienen las demandas de trabajadores de confianza que llegan con el partido que ganó. Se van todos y todos demandan, y alargan esos juicios hasta que son considerables las bolsas para poder negociar con la autoridad, llámese ayuntamiento, Congreso del Estado o gobierno del estado”, señaló.

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Funcionarios sin derecho a indemnización

De aprobarse la reforma, ningún funcionario de confianza o electo popularmente podrá exigir indemnización laboral, aunque se reconoce su derecho a prestaciones inherentes al cargo durante el tiempo en funciones. Además, su remoción podrá realizarse de forma libre y discrecional.

Otro elemento de la reforma es el tope de 12 meses en el pago de salarios caídos para trabajadores de confianza despedidos injustificadamente. Si el juicio se prolonga más allá de ese plazo, se pagarán intereses, pero no más sueldos acumulados.

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También se prevé imponer multas de hasta mil UMAs a litigantes o servidores públicos que prolonguen indebidamente los procesos. En caso de reincidencia por parte de funcionarios, la sanción podría llegar hasta la destitución.

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