Los 12 puntos que buscan reconfigurar el poder político en México con la marcha Gen Z

La movilización convocada por la llamada Generación Z para este 15 de noviembre llega acompañada de un pliego petitorio que revela un objetivo más ambicioso que una simple marcha juvenil: desmontar lo que describen como una concentración excesiva del poder político y reconstruir los contrapesos democráticos desde la ciudadanía. El documento, difundido en redes sociales un día antes de la manifestación, presenta 12 exigencias que funcionan como eje narrativo de un movimiento que insiste en definirse como apartidista y pacífico.

El pliego parte de un diagnóstico contundente: la agrupación acusa que el sistema político ha relegado a la ciudadanía a un papel decorativo, mientras decisiones cruciales se toman “a puerta cerrada”. La denuncia no es menor en un país donde la confianza en instituciones enfrenta niveles históricamente bajos. Para estos jóvenes, la corrupción, la impunidad y la captura partidista de espacios públicos han configurado una crisis democrática que exige intervención social inmediata.

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La primera demanda del colectivo insiste en un mecanismo ciudadano de revocación de mandato que pueda activarse sin ciclos electorales ni intervención partidista. Se trata de un punto central en su planteamiento, pues consideran que la figura actual de revocación carece de eficacia real al estar anclada a estructuras que dependen del mismo poder que buscan vigilar. De esa reforma derivan las siguientes exigencias.

El segundo y tercer punto buscan garantizar que, en caso de revocación, la elección de quien sustituya a la persona titular del Ejecutivo se decida por una votación extraordinaria completamente ciudadana, sin partidos ni Congreso. No es casual esta insistencia: la agrupación señala que cualquier mecanismo controlado por fuerzas políticas reproduciría las mismas dinámicas que denuncian.

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Otro de los ejes más robustos del documento es la fiscalización. El colectivo plantea en sus puntos cuatro, cinco y seis una serie de nuevos organismos ciudadanos: uno para supervisar la operación de programas sociales sin riesgo de coacción electoral; otro para transparentar información pública a nivel federal, estatal y municipal; y un tercero para auditar el uso de recursos públicos con independencia plena. Su composición —proponen— debe integrar académicos, organizaciones civiles, especialistas y representantes comunitarios.

En materia de justicia, el séptimo punto del pliego propone un cambio estructural mediante un Consejo Ciudadano que estudie, reorganice y supervise el funcionamiento del sistema judicial. La idea surge de un reclamo recurrente entre jóvenes y organizaciones civiles: la distancia entre el discurso de justicia y el acceso real a ella, especialmente en casos de impunidad.

La reforma del Congreso ocupa el octavo punto. La Generación Z demanda una reestructuración que reduzca privilegios, amplíe la representación regional y garantice espacios para pueblos originarios. Su planteamiento insiste en que el Poder Legislativo debe recuperar legitimidad mediante cercanía y transparencia, no mediante discursos.

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Los puntos nueve y diez abordan la seguridad: desmilitarizar tareas internas y fortalecer corporaciones locales con auditoría ciudadana. Para la organización, la estrategia actual ha diluido responsabilidades y debilitado la confianza social, por lo que apuestan a un modelo más cercano a comunidades y municipios.

El cierre del pliego lo conforman los puntos once y doce, donde la agrupación propone integrar “voces con autoridad moral” en los órganos ciudadanos y abrir un proceso consultivo que podría ampliar el documento hasta 15 puntos. Con ello, sugieren que el movimiento no está cerrado ni blindado, sino en etapa de deliberación pública.

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En paralelo a la expectativa por la marcha, la Ciudad de México amaneció desde el miércoles con Palacio Nacional rodeado de vallas de casi tres metros de altura, una medida preventiva que las autoridades capitalinas atribuyeron al resguardo previo a la movilización. El contraste entre la narrativa juvenil de protesta pacífica y el blindaje del Ejecutivo alimentó el debate en redes sociales sobre el alcance real del movimiento.

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