Nadie sabe quién pagó por los daños del 8M

El 8 de marzo manifestantes rayaron las paredes y rompieron puertas y ventanas del Centro de Justicia Penal en la ciudad de La Paz en señal de protesta por los casos de violencia contra la mujer. Los daños ya fueron reparados; sin embargo, las autoridades se han negado a informar de manera precisa a cuánto ascendieron los daños y quién se encargó de la rehabilitación del edificio.

El 9 de marzo el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró que los daños ascendían a 1.4 millones de pesos. Apuntó que en el cálculo se incluían 13 ventanas de vidrio templado, dos puertas con vidrio templado, computadoras y extinguidores.

A través de las solicitudes de información 030075823000074, 030075423000159 y 031773923000057 se pidió a la Secretaría de Finanzas y Administración, a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, respectivamente, el monto total de los daños ocasionados en el Centro de Justicia Penal durante las protestas del 8 de marzo de 2023, así como su desglose y los documentos relacionados con su reparación. Las tres dependencias se declararon incompetentes para responder.

La Secretaría de Finanzas y Administración, en su oficio de respuesta, señaló que el sujeto obligado competente es la Secretaría de Seguridad Pública. Dicha institución, por su parte, señaló como responsable de brindar información a la Procuraduría General de Justicia, tal como se lee en el oficio SSPBCS/0441/2023:

“Esta Institución de Seguridad Pública no cuenta con facultades ni injerencia alguna para emitir, ni conocer ni poseer datos o información relativa a la cuantificación y/o reparación de los daños ocasionados a las instalaciones del Centro de Justicia Penal del estado en la fecha mencionada; toda vez que dicha instancia depende de la Procuraduría General de Justicia en el Estado”.

En cuanto a la Procuraduría General de Justicia, esta contestó lo siguiente a través de la Plataforma de Transparencia:

“Se anexa acuerdo de incompetencia de fecha 17 de marzo del 2023, siendo competencia para dar contestación a la solicitud de información que se requiere, la Secretaría de Finanzas del Estado de BCS”.

De esta manera las tres dependencias públicas se “echaron la bolita”. Hasta el momento se desconoce si en realidad fue necesario gastar 1.4 millones de pesos del erario público en la rehabilitación del edificio, tal como lo señaló el gobernador.