“Nos sembraron drogas y armas de fuego”, denuncia familia de rancheros en La Paz

La familia Talamantes Espinoza señaló a agentes de la PGJE de detener de manera injusta a tres de sus miembros luego de presuntamente sembrarles drogas y armas de fuego durante un cateo ilegal en el rancho “El Olivo”, en El Centenario
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Lona donde se denuncia a agentes de la PGJR

En representación de la familia Talamantes Espinoza, la señora María Luisa Geraldo Espinoza señaló a agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) por haber realizado un cateo ilegal y haber sembrado drogas y armas de fuego en su vivienda para tener una justificación de cumplir con una orden de arresto en contra de su esposo, hijo y nieto en el rancho “El Olivo”, ubicado en la delegación de El Centenario, municipio de La Paz.

Los propios afectados se organizaron para manifestarse en la explanada del Centro de Justicia Penal exigiendo la liberación de los detenidos. Tras colocar una manta explicando el motivo de la detención, María Luisa espera que las autoridades la reciban personalmente para el esclarecimiento de los hechos.

Según el testimonio de la denunciante, el pasado 23 de febrero seis elementos de la PGJE irrumpieron por el frente y detrás de la ranchería para sacar a todos los habitantes a la calle y revisar cada rincón y presuntamente plantar una pelota con droga y un rifle “cuerno de chivo” en la sala y uno de los cuartos de la propiedad para acusarlos de narcomenudistas y llevarse detenidos a los hombres de la familia.

“Ahí nos tuvieron como 20 minutos y llegó una camioneta blanca de la misma corporación, bajó un agente y sacó un estuche de cartón para poner dos rifles de balilla porque era la única arma que había en la casa. Me dijo ‘Hallé dos cuernos de chivo, una pelota de droga y una báscula gramera’. Yo le contesté que estaba en un error, que eso no hay en mi casa.”

A pesar de las explicaciones de María Luisa, los ministeriales se llevaron detenidos a su esposo, Antonio Talamantes HIguera; a su hijo, Rodrigo Antonio Talamantes; y a su nieto, Ángel Gabriel Talamantes Hernández. Los tres quedaron a disposición de las autoridades, en lo que el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso.

El trasfondo del asunto, de acuerdo con la versión de María Luisa, es que ellos llevan más de cinco años en disputa con la familia Carballo, quienes se autoproclaman como los verdaderos dueños de la tierra donde habitan. Dijo que estas personas acaudaladas y con supuesto poder e influencias, han consumado varios atentados en el predio utilizado para actividades ganaderas, de agricultura y de elaboración de productos lácteos con el objetivo de desalojarlos de ahí.

“No es justo, cada vez que hay un hecho y lo denunciamos hay represalias de esas personas. Nos quieren sacar, ya nos han tirado bombas, nos han tirado balazos en dos, tres ocasiones, nos han tumbado los portones. Han hecho y deshecho y aquí las autoridades dormidas, no procede ninguna demanda de las que tenemos nosotros, hay de 6 a 7 demandas si no es que más en contra de estas personas que nos están afectando, nos quieren sacar a la mala y no pueden, llegaron a este último recurso para sacarnos.”

En seguimiento a la más reciente denuncia interpuesta por la familia Higuera Talamantes, con número: LPZ/1244/2024/NUC, los integrantes de la familia Carballo habrían planeado en complicidad con los agentes el operativo de cateo donde fueron aprehendidos tres de sus miembros. La parte afectada aseguró que todo se trata de una represalia por defender el rancho que legítimamente tiene como propietaria a la señora María Luisa Geraldo Espinoza.

“Ya no hallan cómo sacarnos de ahí porque no pueden vender terrenos, quieren vender las tierras que no son de ellos. Tenemos 30 años viviendo ahí, son tierras nacionales, posesión que tenemos desde hace 30 años, ya me atendió el procurador, falta que me atienda el señor gobernador. Le pido que ahora me escuche el, y me apoye con la libertad de mi familia, mi hijo, mi esposo y mi nieto son inocentes de los cargos de los que los están acusando.”

 

La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga este supuesto caso de intento de despojo y de violación de los derechos humanos de los civiles que fueron detenidos. La familia Higuera Talamantes insiste en que todo se trata de una injusticia y que van a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener la libertad de sus familiares y en la defensa para conservar el rancho que es considerado su hogar.

 

LLM

Imberth Rondero