Ojalá sea más que un ornamento 

A lo largo de la historia, los pueblos indígenas en México han sido víctimas de la más cruda discriminación y desigualdad.

Y no sólo por parte del Gobierno que, por ejemplo, en 2020 redujo más del 30% el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al programa Casa de la Mujer Indígena también le retiró más del 50% de sus recursos, destinados principalmente a atender a mujeres víctimas de violencia; nosotros como sociedad hemos contribuido en buena medida: el 75.6% consideran que son poco valorados por la mayoría de la gente, según datos del INEGI.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, de la población indígena mayor de 12 años (y que se estima en 10 millones de personas) el 49.3% percibe que sus derechos son poco o nada respetados.

El principal problema que enfrentan es la falta de empleo, con 20.9%; le siguen la falta de recursos económicos, 16.1%; la falta de apoyo del gobierno en programas sociales, 15.8%; y la discriminación por su apariencia o lengua, 14.6%.

El 24% de la población indígena de 12 y más años (2.4 millones de personas) declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años. De ellas, 40.3% consideró que la causa que la propició es su condición de indígena.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma en la que se reconocen 68 lenguas indígenas y 364 variantes como nacionales.

Esto quiere decir que, por primera vez, se reconocerían las lenguas originarias en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como parte de nuestro patrimonio cultural e histórico; a su vez, se establecerían las condiciones legales para su preservación, protegiendo el derecho a hablarlas.

Con esto, tal vez se logre salvaguardar la herencia histórica de nuestros pueblos indígenas. Les comparto la propuesta de modificación constitucional que ahora está en manos del Senado de la República.

El artículo 2º señala:

“La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Se aprobó agregar como segundo párrafo:

“El Estado reconoce como lenguas nacionales, las 68 lenguas indígenas y el español, las cuales tendrán la misma validez. El Estado protegerá y promoverá la preservación, uso y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Además, el Estado promoverá una política lingüística multilingüe, por lo cual, las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados”.

Hay mucho camino por recorrer en materia de igualdad de derechos y en el combate a la discriminación, los esfuerzos por dignificar a estas comunidades han sido insuficientes.  

Esperemos que la iniciativa que propone que las lenguas originarias y el español tengan el mismo valor no se convierta en sólo un ornamento en la Constitución.