Proponen tipificar “fraude familiar” en BCS, prisión y multas por ocultar bienes en el matrimonio

na nueva figura legal podría incorporarse pronto al Código Penal de Baja California Sur: el fraude familiar. La diputada Dalia Verónica Collins Mendoza presentó este 8 de mayo en el Congreso estatal una iniciativa que propone castigar penalmente a quienes, durante un matrimonio o concubinato, oculten, transfieran o adquieran bienes comunes a nombre de terceros sin el consentimiento de su pareja.

La propuesta fue recibida por la Mesa Directiva de la XVII Legislatura y turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis. Según el documento, las sanciones contempladas incluyen de uno a cinco años de prisión y multas que van de mil a tres mil días.

Durante su exposición en tribuna, Collins Mendoza explicó que esta iniciativa busca frenar una forma de violencia patrimonial que afecta especialmente a las mujeres y a sus hijos menores. Señaló que muchas mujeres, al decidir separarse para buscar una vida libre de violencia, se enfrentan a estrategias económicas que las despojan del patrimonio común, dejándolas en situación de vulnerabilidad.

La diputada subrayó que estas prácticas, aunque frecuentes, no tienen hoy una regulación específica en el Código Penal estatal, lo que deja a las víctimas en una situación de desprotección legal. “Es necesario que estos actos sean considerados delitos, porque vulneran los derechos de los integrantes de la familia y perpetúan la violencia económica”, recalcó.

La propuesta surge en un contexto en el que las cifras de violencia familiar y de género en la entidad siguen generando preocupación. De ser aprobada, la figura de fraude familiar permitiría a las víctimas denunciar legalmente a sus parejas por ocultar propiedades, transferir bienes a terceros o realizar maniobras financieras que los excluyan de los recursos que les corresponden.

Ahora la iniciativa será analizada por la comisión correspondiente antes de pasar a discusión en el pleno. Mientras tanto, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos seguirán atentos al desarrollo de esta propuesta, que podría marcar un precedente en la protección patrimonial dentro de las relaciones familiares en Baja California Sur.

EU