Propuesta de “bodycams” en BCS: buscan fortalecer la transparencia policial

El diputado Omar Torres Orozco presentó una iniciativa para obligar el uso de cámaras corporales (bodycams) en las corporaciones policiales de Baja California Sur.
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Propuesta de “bodycams” en BCS: buscan fortalecer la transparencia policial

El legislador de la fracción del Partido del Trabajo, el diputado Omar Torres Orozco planteó adicionar un tercer párrafo al artículo 102 de la ley estatal de seguridad pública, con lo que se regularía el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de policías en el estado.

De aprobarse la reforma, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur tendría un plazo de 90 días para emitir lineamientos técnicos y operativos —mismo periodo otorgado a los ayuntamientos para crear sus propios protocolos— con el fin de asegurar una implementación uniforme.

El diputado defendió la medida como una herramienta eficaz para documentar intervenciones policiales, prevenir abusos, proteger tanto a ciudadanos como a agentes, y generar evidencia útil en procesos judiciales o administrativos.

La propuesta se enmarca en un contexto de creciente exigencia ciudadana por mayor rendición de cuentas de las corporaciones de seguridad. Defensores de derechos humanos y ciudadanos han promovido el uso de tecnologías como bodycams para transparentar el actuar policial —una tendencia que también avanza en otras entidades del país.

De adoptarse, Baja California Sur se sumaría a otros estados donde ya se debate o implementa esta medida como parte de una estrategia más amplia de profesionalización policial, vigilancia del uso legítimo de la fuerza y combate a abusos.

Aunque la iniciativa representa un avance, su éxito dependerá en gran medida de la elaboración rigurosa de protocolos, del presupuesto disponible, del resguardo adecuado de la evidencia y del respeto a los derechos ciudadanos como la privacidad. Un mal manejo podría generar desconfianza en lugar de mitigarla.

Activistas y ciudadanos esperan que, de aprobarse, la implementación vaya acompañada de capacitación, supervisión ciudadana y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.

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