Están desactualizados protocolos de la SEP en casos de acoso y abuso sexual en BCS

En entrevista para Tribuna de México con Arturo Rubio Ruiz , representante legal del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito en Baja California Sur, se abordaron los protocolos aplicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en casos de acoso y abuso sexual en las escuelas. Según Rubio, el protocolo vigente fue publicado en 2017, sin embargo, desde su entrada en vigor, no ha recibido actualizaciones, lo que limita su efectividad.

Rubio señala que el protocolo original establece que debe ser actualizado mensualmente, pero la falta de publicación en la Gaceta Oficial del Estado indica que este requisito no se ha cumplido. Esta inacción provoca que el protocolo pierda vigencia y funcionalidad, dado que las realidades sociales cambian rápidamente.

“No sabemos si la implementación es adecuada, si se está adecuando a la realidad social que tenemos, porque La Paz, Los Cabos, Loreto en el 2017 son distintas las situaciones sociales del año 2024. Si algo es cambiante, es el entorno social, entonces el principal problema que enfrentamos con el protocolo es que no se actualiza”, puntualizó.

Una de las principales preocupaciones es la escasa difusión del protocolo entre los padres de familia y el personal educativo. De acuerdo con Rubio, tanto padres como maestros desconocen la existencia del protocolo y sus procedimientos.

“El segundo problema que encontramos es que muchas veces los propios padres de familia son los que se oponen a la aplicación del protocolo por pena, por desconocimiento de la ley, por la falta de aplicación adecuada del protocolo y únicamente corresponde en este caso al Ministerio Público determinar es la única autoridad facultada para determinar si existió o no existió una conducta delictiva consistente en el abuso sexual que sea penalmente sancionable”, explicó.

Cuando se detecta un caso de abuso, se deben seguir procedimientos específicos que incluyen levantar un acta administrativa y activar la intervención del DIF y el Ministerio Público. En ese sentido, Rubio hace un llamado a los padres de familia y a las asociaciones civiles para que promuevan la difusión del protocolo, instando a que cada escuela disponga de ejemplares accesibles.