¿Qué son los delitos electorales?

Es crucial ejercer nuestro derecho al voto de manera libre y secreta en la próxima jornada electoral. En caso de ser víctima o testigo de presión, coacción, compra o venta de votos, es fundamental denunciarlo a las autoridades correspondientes.
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¿Qué son los delitos electorales?

En esta temporada electoral 2024 en México, se elegirán cargos a nivel nacional, incluyendo la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, y en algunas entidades, gubernaturas. Es crucial considerar las implicaciones legales de cometer delitos electorales si estás pensando en participar en el proceso de votación.

El artículo 403 del Código Penal Federal establece sanciones que van de 10 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años para quienes cometan delitos electorales. Considerando el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de $108.57 para este 2024, las multas equivalen a infracciones que van de $1,085 a $10, 857 pesos.

Los actos que implican votar más de una vez en la misma elección, ejercer presión sobre electores dentro de las casillas para influir en su voto, obstaculizar el proceso de votación o interferir en las labores de los funcionarios electorales son considerados delitos electorales según la ley.

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Además, se consideran delitos electorales el recolectar credenciales para votar sin causa prevista en la ley, solicitar votos a cambio de dinero u otras recompensas durante campañas o jornadas electorales, violar el derecho al voto secreto de un ciudadano o intentar votar con una credencial que no le pertenezca.

Es importante destacar que los ministros o representantes religiosos pueden enfrentar sanciones económicas, que podrían superar los $50 mil pesos, si durante sus actividades públicas incitan a los electores a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o si fomentan la abstención del voto.

Los funcionarios electorales que no cumplen con sus obligaciones, obstaculizan, alteran, inducen o permiten acciones que afecten la jornada electoral pueden enfrentar sanciones de más de $21 mil pesos y prisión de dos a seis años. Asimismo, los servidores públicos que obligan a sus subordinados a votar por un partido o candidato político, condicionan servicios públicos para presionar el voto, o destinan fondos en apoyo a un partido, pueden recibir multas que superen los $43 mil pesos y hasta nueve años de prisión.

Por lo anterior, se recomienda a los electores evitar ser acreedores a sanciones y penas privativas de la libertad a través de su voto íntegro, secreto y por convicción propia. En caso de ser testigo o víctima de algunos de los delitos electorales antes mencionados, hacer de conocimiento a las autoridades correspondientes.

MAEP

Daniela Lara