Todo lo que hay que saber del Reparto de Utilidades

El reparto de utilidades es una obligación legal que se deriva de los beneficios fiscales obtenidos por las empresas tras la declaración de sus ingresos anuales. Está sustentado por el artículo 123 de la Constitución Mexicana y tiene como propósito garantizar que los trabajadores reciban una parte proporcional de las ganancias generadas por su trabajo durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Para calcular el reparto de utilidades, se consideran dos factores principales: los días laborados durante el año y el salario percibido. El total de la utilidad a distribuir se divide en dos partes iguales; la primera se reparte según los días trabajados y la segunda de manera proporcional al nivel salarial de cada trabajador. Este cálculo debe estar respaldado por documentación fiscal proporcionada por el patrón.

Una comisión mixta, compuesta por representantes tanto del patrón como de los trabajadores, es la encargada de elaborar el proyecto de distribución de utilidades. Este documento debe colocarse en un sitio visible dentro del centro de trabajo. Si existieran desacuerdos entre los miembros de la comisión, la resolución quedará en manos de la autoridad laboral competente.

Los trabajadores disponen de un plazo de 15 días naturales para presentar observaciones sobre el proyecto de reparto. Posteriormente, la comisión deberá responder a estas objeciones dentro del mismo período. Este procedimiento busca garantizar la transparencia y equidad en la distribución de los recursos.

Tienen derecho al reparto de utilidades todos aquellos trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año, sin importar si ya no laboran en la empresa o si su contrato fue por tiempo determinado. Por ley, incluso quienes trabajaron de forma discontinua pueden reclamar su parte dentro del año posterior a la fecha límite de pago.

Quedan excluidos de este derecho los trabajadores domésticos, los eventuales con menos de 60 días de labores, los directores, gerentes generales, socios, accionistas, y prestadores de servicios profesionales independientes sin relación laboral subordinada.

No todas las empresas están obligadas a cumplir con el reparto de utilidades. Las exentas incluyen aquellas de nueva creación, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, organismos públicos como el IMSS, y empresas cuyo capital sea inferior al determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo con su rama industrial.

El plazo para efectuar el reparto de utilidades es de 60 días posteriores a la fecha límite para presentar la declaración anual. Por lo tanto, las empresas constituidas como personas morales tienen hasta el 30 de mayo para cumplir con esta obligación, mientras que las personas físicas tienen hasta el 29 de junio.

Los trabajadores pueden verificar si su centro de trabajo generó utilidades solicitando copia de la declaración fiscal anual a sus representantes. Este documento debe indicar el monto total de las utilidades y facilitar así la transparencia del proceso.