Ayuntamiento de La Paz ha recibido 8 reportes por obstrucción de playas

El Ayuntamiento de La Paz continúa con la supervisión para atender los reportes ciudadanos relacionados con el cierre o restricción de accesos a playas. Desde enero de 2025 a la fecha, se han registrado ocho reportes donde particulares han instalado portones, casetas o estructuras en zonas de acceso público sin contar con los permisos correspondientes.

Sobre el tema, el titular de la Contraloría Municipal, Pável Castro Ríos, explicó que se han identificado construcciones que no cuentan con licencia y se ubican sobre vías públicas, lo que constituye una falta administrativa y ambiental. Detalló que estas acciones han sido atendidas mediante reportes ciudadanos enviados a través de la aplicación municipal.

“Tenemos ocho reportes del 2025 de enero a la fecha y estos se estarán supervisando y atendiendo. Ya no va a ser la estrategia del 2023 que era directamente ir a quitar el portón porque eso era era más inmediato, la gente podía ver la justicia de forma inmediata. Hoy tenemos que esperar un proceso. Por ejemplo, ahí va a estar todavía, va a estar con sellos, en lo que hacemos los trámites, para hacer la demolición, que es lo que el procedimiento interno nos permite”, declaró Castro Ríos.

Indicó que esta segunda etapa de atención se realiza a través de la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad, con el objetivo de revisar si las construcciones cuentan con licencia.

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Actualmente, la estrategia contempla la elaboración de herramientas jurídicas para proponer reglamentos internos de playas que permitan garantizar el libre acceso en el ámbito municipal.

“Vamos a crear herramientas jurídicas para poder proponer incluso reglamentos internos de playa, un reglamento interno de playa y también una propuesta que pueda ir más allá, ya sea el Congreso o donde tengamos que ir para articular que sea obligatorio el poder garantizar el acceso a la playa, porque hay un hueco en la ley de bienes nacionales donde dice que la Semarnat y el particular deberán de definir por dónde va a pasar la gente”, explicó Castro Ríos.

Además, el Ayuntamiento ha dado vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en aquellos casos donde se ha identificado un posible delito. Según el Código Penal del estado, impedir el acceso a bienes naturales como las playas es sancionable. La multa por obstruir accesos puede alcanzar los 200 mil pesos, y también se contempla la cancelación de concesiones otorgadas por la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).