Salarios mínimos, un pendiente constitucional

David Rojo Pacheco

Cabo San Lucas.- Ante la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de incrementar 22.3% durante el 2017 el actual salario mínimo general de 73 pesos con 4 centavos, para que pase a 89 pesos con 35 centavos –y cuyo monto se concretaría en dos ajustes– de cualquier manera la realidad de los hogares que dependen de tal ingreso quedaría marginal respecto a la disposición constitucional que debería permitir el poder acceder a vivienda, educación, alimentación, recreación y vestido.

Hay una gran distancia entre la Constitución y las disposiciones al Artículo 123 con las posibilidades que ofrece el salario mínimo general.

Hace casi un año, el 11 de diciembre del 2015 el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó por unanimidad otorgar un aumento de 4.2% al salario mínimo para el 2016, y en cuyo pronunciamiento estimó que con tal incremento “y con una inflación estimada por el Banco de México de 3.0% para el año, se tendrá nuevamente una recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores de salario mínimo de más de un tercio de la inflación esperada”.

Lo cierto es que hay mas carestía, a lo que se ha sumado como un lamentable espectro en los hogares la devaluación que ha afectado sensiblemente la adquisición de medicamentos.

Con el salario mínimo general en la actualidad, se obtienen a la quincena un mil 95.6 pesos (2 mil 191.2 al mes) muy lejos del pago de rentas locales, ya no se diga de la posibilidad de adquirir vivienda o comprar un terreno para construir, y aun cuando por fortuna en Los Cabos el ingreso supera a los mínimos, la realidad está distante de triunfalismos oficiales y del pronunciamiento por la unidad repetido una y otra vez por políticos, lo que agravia a un más el sentir de las familias.

El ingreso mínimo se enfrenta a los precios: una docena de huevos, 19 a 21 pesos; un kilo de jitomate a 34.90; kilo de arroz, 21.50; kilo de frijoles, 40 pesos; litro de leche entre los 19 pesos. De entrada en alimentos básicos, sin contar carne. Pensar en aire acondicionado ante las altas temperaturas locales es algo prohibido.

Está el caso, además, del transporte público, en cuyo sector Los Cabos presenta la tarifa más alta del país con 12.50 pesos y 37 pesos en cuanto al transporte “foráneo” que conecta a San José del Cabo con Cabo San Lucas, y al que además la Reforma Fiscal del 2014 por la que se pronunciaran el PVEM, PRI y PRD, dispuso que se aplicara IVA a la tarifa.

Entre los contrastes –y mal sabor de boca ante los hechos—en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

–¿Quién se atrevería a dar por hecho que así sea?

COPARMEX

El pasado 23 de noviembre en una información publicada en Tribuna de Los Cabos de Agencia Reforma, acreditada a la reportera Verónica Gascón, se difundió que la
Coparmex propuso que el salario mínimo llegue a 89.35 pesos el próximo año, con el objetivo de que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo.

Gustavo de Hoyos, presidente del organismo, aseguró que para llegar a esta cifra el aumento se daría en dos ocasiones durante 2017.

Un primer ajuste sería de entre 4 y 4.5 por ciento, el cual entraría en vigor en enero.

El siguiente aumento sería nominal, de entre 13.02 y 13.28 pesos a lo largo del año, según las condiciones económicas del País.

De Hoyos afirmó que el objetivo es que los trabajadores alcancen la línea de bienestar mínima alimentaria que dicta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“El País tiene que comprometerse para que ninguna persona que tenga un trabajo en la economía formal tenga una remuneración por debajo de la línea de bienestar”, afirmó.

El líder empresarial indicó que si se logra este ajuste se podría beneficiar a 3.5 millones de trabajadores.

“El aumento al salario mínimo no debe estar vinculado con el resto de los salarios para evitar incrementos en los productos y servicios y esto traiga un efecto inflacionario”.

CANACO

Por su parte Miguel Ángel Germán Lugo, presidente de Canaco-Servytur, en entrevista con el reportero manifestó, “como Cámara Nacional de Comercio no estamos alejados de la realidad que existe con el poder adquisitivo del salario mínimo”·

Sin embargo –señaló– se tiene que desvincular el salario mínimo para varios efectos, créditos hipotecarios, multas, contribuciones que se basen en el salario mínimo, pero sobre todo que el salario mínimo no tenga nada que ver con la inflación.

Si se incrementa –indicó– el salario mínimo en un treinta o cuarenta por ciento se corre el riesgo que la inflación en el país crezca al mismo tiempo, lo que provocaría que ese ingreso no sirva para los gastos de las familias.

Por tal nos preocupa –declaró– que esto se autorice sin revisar a fondo las consecuencias negativas que podría provocar en la economía doméstica de la mayoría de todos los hogares del país. “Y como prioridad pensar en los que menos tienen ya que en un ejercicio tan delicado, las cosas se les pueden encarecer mucho más”, puntualizó.