Se brindará seguimiento legal a la denuncia por negligencia médica a niño de 6 años en ISSSTE BCS
Hace algunas semanas, CPS Noticias y Tribuna de México divulgó una acusación realizada por el padre de un niño de 6 años que denunció negligencia médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Los Cabos. En relación a este asunto, el abogado Alejandro Rojas afirmó que desde una perspectiva legal, la situación seguirá su curso a través de un procedimiento jurídico.
“En realidad, hay dos aspectos que la parte afectada, es decir, el padre del niño, está buscando. Uno de ellos es la indemnización por parte del ISSSTE, que actuaría como aval solidario por los daños y efectos secundarios derivados de la mala praxis que tuvo lugar el 5 de agosto”.
Cabe mencionar que en el Código Penal de Baja California Sur se contempla la responsabilidad de los profesionales técnicos. Aquellos que lleven a cabo una acción de manera imprudente en su profesión técnica podrían enfrentar una pena de tres meses a dos años de prisión. En este contexto, el abogado Rojas explicó que el caso podría avanzar conforme a la legislación estatal.
“El artículo 341 del Código Penal de Baja California Sur establece que aquel que niegue el servicio médico podría ser condenado de tres a siete años de prisión, además de una multa de 200 a 400 días y la suspensión para ejercer su profesión por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta. Esto se aplica a los médicos en ejercicio, lo que significa que si se le negó la atención médica al menor después de la cirugía, alegando ocupación y falta de tiempo”.
De acuerdo con el licenciado Rojas, el siguiente paso será presentar una denuncia civil y una denuncia penal, tanto para la institución como para los médicos involucrados en la intervención quirúrgica, incluyendo aquellos que rechazaron brindar el servicio médico.
En consecuencia, el caso en contra del ISSSTE Los Cabos actualmente se encuentra en la etapa de recopilación de pruebas, estudios y documentos con el propósito de analizar y enmarcar la denuncia. Según el abogado, esta labor es esencial para que el Ministerio Público pueda llevar a cabo su investigación y, por ende, establecer una conexión con el proceso judicial.
