El hallazgo de un centro de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en entredicho la actuación del gobierno federal en materia de seguridad, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y las omisiones del propio gobierno actual de Claudia Sheinbaum Pardo, ambos de Morena.

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Aunque el sitio fue identificado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desde septiembre de 2024, no fue hasta el 8 de marzo de 2025, cuando un colectivo de búsqueda de desaparecidos destapó la magnitud del lugar, que se ha convertido en lo que medios y sociedad civil denominan un “campo de exterminio”.

Durante sus labores, los buscadores localizan al menos seis puntos de cremación clandestina, además de más de 400 zapatos –200 pares–, mochilas, prendas de vestir y una cantidad significativa de restos óseos. La revelación ha generado cuestionamientos sobre por qué las autoridades no investigaron más a fondo el sitio cuando fue asegurado meses antes.

El operativo inicial, llevado a cabo en septiembre de 2024, permitió el rescate de dos personas privadas de su libertad y la detención de 10 presuntos delincuentes.

Aquí la evidencia de que el Gobierno Federal sí supo sobre lo que ocurría en Teuchitlán

En aquel entonces, las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal informaron que en el sitio también se encontró una persona sin vida, así como un arsenal compuesto por fusiles de asalto, armas cortas, una granada de mano y chalecos tácticos.

“En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de cero impunidad del gobierno federal, en el estado de Jalisco, personal de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano, aseguraron un centro de adiestramiento donde se encontraban dos personas privadas de su libertad, y detuvo a 10 presuntos plagiarios.

Durante recorridos de prevención del delito en el municipio de Teuchitlán, los elementos recibieron una denuncia ciudadana que informó sobre personas armadas en un rancho abandonado de la comunidad de La Estanzuela, razón por la que se trasladaron a la ubicación señalada.

Al arribar al sitio, los integrantes de ambas instituciones escucharon detonaciones de arma de fuego desde el interior del predio, por lo que implementaron un operativo de intervención para descartar la posible comisión de algún delito”, fue parte del comunicado de prensa que actualmente es público en la página del Gobierno de México.

Sin embargo, tras la detención de los presuntos responsables, el gobierno federal no profundizó en la investigación del terreno ni realizó una inspección exhaustiva del lugar, pese a que fueron autoridades federales las que intervinieron en dicho hallazgo del crimen organizado.

Captura de pantalla al X de @GN_MEXICO_

FGR acusa a los gobiernos locales de omisiones

Incluso, apenas el 11 de marzo en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que “no es creíble que autoridades ignoraran crematorios clandestinos”, lo que refuerza la hipótesis de que no existirá tolerancia ante estas presuntas negligencias y falta de seguimiento a este caso que involucra al crimen organizado.

“Antes de determinar si la FGR puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades las autoridades locales de ese municipio y por el estado”, cuestionó el funcionario, no obstante, el gobierno federal anterior sí conocía del caso, y a él no lo cuestionó.

Tanta fue la presunta negligencia, tanto del gobierno federal, estatal y municipal, que tuvo que ser el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco quien le hizo el trabajo a las autoridades y es quien ventiló la enorme magnitud de las anomalías con videos en vivo, fotografías y testimonios sobre lo que ocurría en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Los integrantes, sin equipo especializado ni respaldo oficial, descubrieron indicios de un posible centro de desaparición forzada y cremación de cuerpos.

Organizaciones civiles han solicitado que la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República retomen el caso para esclarecer la cantidad de víctimas vinculadas a este predio y determinar si existen más fosas clandestinas en la zona.