En una decisión controversial, el Tribunal Constitucional de Perú ha emitido una orden este martes 5 de diciembre del 2023 para la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. Esta resolución revierte la condena de 25 años impuesta en 2009 por crímenes de lesa humanidad, generando un desafío directo a una disposición clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La determinación del Tribunal Constitucional se basa en su consideración de la “falta de competencia” de la CIDH para “ordenar directamente la no decisión de una orden judicial”. Esta medida contradice la solicitud expresa de la CIDH al Estado peruano de mantener a Fujimori en prisión.

Autoridades judiciales de Perú ordenan regreso de Fujimori a un penal

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ha reiterado la postura de la corte afirmando que su resolución representa una “aclaración”. En palabras de Morales Saravia, expresó:

“Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional.”

Esta decisión plantea una tensión evidente entre el poder del Tribunal Constitucional y la autoridad de la CIDH, subrayando un debate crucial sobre la interpretación y aplicación de las decisiones judiciales en casos de derechos humanos.

El Gobierno, también genocida, de Dina Boluarte, ya decidió acatar la orden del TC y el INPE solo espera la notificación para sacar al dictador de Alberto Fujimori. Dina Boluarte eligió quedar bien con la mafia Fujimorista.#TomaLaCallepic.twitter.com/uSDf7z2tNj

— Alex Febrero (@AlexFebrero_) December 5, 2023

¿Quién es Alberto Fujimori y de qué se le acusa en Perú?

Alberto Fujimori es un político peruano nacido el 28 de julio de 1938, reconocido por su presidencia en Perú desde 1990 hasta 2000. Llegó al poder con una propuesta reformista, enfocada en la lucha contra la corrupción y la insurgencia terrorista. Durante su mandato, implementó medidas económicas radicales que estabilizaron la economía peruana, pero su gobierno también se vio envuelto en controversias y escándalos.

Fujimori enfrentó acusaciones de crímenes de lesa humanidad y corrupción. Uno de los episodios más notorios fue su presunta implicación en casos de violaciones a los derechos humanos a través de la creación de un grupo paramilitar, el “Grupo Colina”.

Este grupo fue responsable de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la masacre de Barrios Altos en 1991 y la matanza de La Cantuta en 1992, donde murieron estudiantes y profesores. Estos actos fueron perpetrados en el contexto de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, pero se consideraron acciones violatorias de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por los cuales Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.