Trump cede ante su propio partido y ordena divulgar todos los archivos del caso Epstein

La decisión del presidente Donald Trump de firmar la legislación que obliga a su administración a publicar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein representa un giro significativo en una disputa que escaló dentro del propio Partido Republicano. El ángulo central del tema radica en la presión política que forzó al mandatario a dar marcha atrás luego de meses de resistencia, en un caso que mezcla viejas alianzas personales, pugnas internas y expectativas públicas frente a uno de los episodios más polémicos de la élite estadounidense.

El cambio de postura tomó forma tras semanas en las que la Casa Blanca intentó frenar el avance de la iniciativa, pese a que Trump tenía la facultad de divulgar los archivos por decisión propia. La presión provenía no solo de demócratas, sino de una fracción republicana que insistió en que la transparencia era indispensable para cerrar un capítulo marcado por sospechas, vacíos informativos y teorías de encubrimiento. La insistencia interna terminó por vencer la resistencia inicial del presidente.

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La legislación firmada establece que el Departamento de Justicia debe divulgar, en un plazo máximo de 30 días, todos los documentos y comunicaciones relacionados con Epstein, incluyendo información de la investigación sobre su muerte en prisión federal en 2019. La ley permite versiones públicas con datos tachados únicamente cuando se trate de proteger a víctimas o procesos abiertos, pero prohíbe ocultar material por razones de “vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”, cerrando la puerta a protecciones discrecionales.

El avance legislativo fue posible gracias a una coalición inusual en el Congreso: demócratas, republicanos críticos del presidente y un pequeño grupo de antiguos aliados trumpistas. De hecho, hasta hace unos días parecía improbable que prosperara un mandato directo de divulgación, pero la dinámica cambió cuando la oposición dentro del Partido Republicano se fortaleció y evidenció que la aprobación era inevitable. La Casa Blanca incluso citó a una de las impulsoras, la representante Lauren Boebert, para intentar frenarla, sin éxito.

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La Cámara de Representantes aprobó la medida con una mayoría abrumadora: 427 votos a favor y solo uno en contra. El único disidente, el republicano Clay Higgins, argumentó que la ley podría exponer a personas inocentes mencionadas incidentalmente en la investigación federal. El Senado validó la iniciativa por unanimidad, sin necesidad de un voto nominal, reflejando el amplio consenso político en torno al tema.

Para Trump, el viraje también tuvo un componente estratégico. En publicaciones recientes aseguró que el asunto Epstein se había convertido en una “distracción” que impedía al partido concentrarse en lo que él describió como “victorias increíbles”. El presidente insistió en que su decisión buscaba cerrar el capítulo y avanzar en la agenda republicana, al tiempo que acusó a los demócratas de utilizar el caso para desviar la atención del panorama político.

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La firma de la ley inevitablemente revive la relación histórica entre Trump y Epstein, quienes fueron cercanos en círculos sociales antes de que el financista cayera en desgracia. Aunque el presidente ha reiterado que desconocía los crímenes del empresario y que rompieron vínculos hace muchos años, lo cierto es que la publicación de los archivos podría alimentar nuevos debates, especialmente tras años en los que aliados trumpistas han promovido teorías de conspiración sobre un supuesto encubrimiento.

El mandato de divulgación abre una nueva etapa en un caso cargado de especulaciones, contradicciones y tensiones políticas, en el que la expectativa pública será determinante. Con el reloj legislativo en marcha, la atención se centrará ahora en cómo el Departamento de Justicia procesará miles de documentos bajo un escrutinio sin precedentes.

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