Vigilan campos agrícolas para detectar redes de trata de personas en BCS
Recientemente se instaló en Baja California Sur la Comisión Interinstitucional en Materia de Trata de Personas, integrada por dependencias de los tres órdenes de gobierno. En este contexto, la directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, Berenice Serrato Flores, expuso que parte de la supervisión y vigilancia se está enfocando en los campos agrícolas, donde se inspecciona que no existan redes de trata de personas.
“Fuimos a visitar algunos campos agrícolas donde veíamos pues cuál es la condición en la que viven las niñas y niños principalmente las mujeres en el estado de Baja California Sur cuando llegan a acá a trabajar a los campos agrícolas, pero, más importante, ¿cuál es la razón por la que vienen? ¿De dónde vienen y si realmente vienen por una decisión propia o se puede detectar alguna red de trata de personas a través de estos campos agrícolas?”.
La funcionaria enfatizó que esta tarea debe realizarse en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En este sentido, manifestó que reforzar el conocimiento de los derechos humanos por parte de los jornaleros agrícolas, para que identifiquen situaciones de explotación laboral presentes o futuras.
Serrato Flores expuso que los contextos en los que se da la trata de personas en el estado están relacionados con la migración. Por ello, comentó que es importante que las instituciones y dependencias que regulan la migración también se involucren en el combate a la trata de personas.
“Baja California Sur es un estado rico que abraza mucha gente del país y, por lo mismo, viene gente a los campos agrícolas, en el municipio de Los Cabos viene gente al turismo, y ese mismo movimiento de gente y de turismo hace que en esos aspectos pues sea el tema de la trata de personas en temas sexuales, en temas de explotación laboral, la niñez”, resaltó.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2019 a la fecha se han registrado 15 carpetas por el delito de trata de personas en la media península: tres en 2019; tres en 2020; seis en 2021, tres en el 2022 y ninguna en el 2023.
