El concepto de vivienda de interés social está en el olvido

En el panorama actual de la vivienda en México, el concepto de interés social parece haber sido relegado al olvido. Esto se pone en evidencia al contrastar la alarmante cifra de 6.1 millones de propiedades deshabitadas en el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, con la idealización del hogar propio que impulsa a muchos a realizar esfuerzos desmedidos para adquirirlo.

Desde el año 2000, el modelo de construcción de viviendas masivas en México ha demostrado ser un rotundo éxito para las empresas inmobiliarias y los fondos públicos en términos económicos. Sin embargo, en el plano social, se observa un claro fracaso, debido a que las condiciones de vida de la población que ha contraído créditos hipotecarios se han visto considerablemente mermadas.

Para comprar un sitio para vivir una familia requiere de un crédito hipotecario, que solicita en un banco o en un fondo público, es decir, Infonavit y FOVISSSTE.

Estos últimos fueron creados para que la población trabajadora, con ingresos equivalentes a dos o tres salarios mínimos, tuviera acceso a una vivienda. Sin embargo, en los años 90, del siglo pasado, el Banco Mundial recomendó la reducción de la cartera vencida de esas instancias y aplicar una tasa de interés que les generará ingresos.

La manera de garantizar que las deudas de los acreditados se pagarán mes con mes, fue otorgar créditos a la población que gana más de tres veces el salario mínimo.

De esa manera, el mercado hipotecario ha sido totalmente lucrativo para los fondos públicos, pero ha empeorado las condiciones de las familias e incidido en su calidad de vida, porque varias viven en las periferias, en zonas mal ubicadas y lejanas, donde no hay escuelas, centros de salud, equipamiento, abastecimiento de agua, buen drenaje o transporte, lo cual propicia gran cantidad de inmuebles abandonados.

Lamentablemente, la adquisición de un crédito hipotecario implica una serie de problemáticas cotidianas. Mucha gente termina dejando de pagar, yéndose a vivir con familiares o amigos, o alquilando en zonas menos alejadas y con todos los servicios.  En fechas recientes FOVISSSTE acaba de lanzar un programa para liberar la deuda de derechohabientes que hayan pagado más del doble del precio del crédito.

Las nuevas generaciones buscan adquirir casa a una edad más temprana, sin embargo, los costos elevados que tiene la vivienda actualmente, dificultan que puedan hacerlo. Los jóvenes pueden ganar estabilidad económica y además hacer historial crediticio para después poder comprar casa propia con ayuda de un financiamiento.

La compra de una vivienda es una inversión, por lo que aquellos que ya tienen un empleo estable y perciben un buen salario, buscan destinar parte de sus ingresos a la compra de una casa.

La vivienda se ha constituido en mercancía y “si tengo más, puedo lucrar con ella”. En ese sentido, un sector reducido de la población conformado por las clases media alta y alta, la compran para reproducir capital: adquieren dos, tres, cuatro departamentos o casas, y las alquilan.

En México se ha olvidado por completo el concepto de vivienda de interés social. Si en lugar de su valor de cambio importara su valor de uso, no habría gran cantidad de viviendas abandonadas o que no se han vendido, ni el número de población que no tiene dónde vivir.

Se debe insistir en la necesidad de replantear nuestro enfoque sobre la vivienda. Es imprescindible dejar de ver la vivienda como una simple mercancía y empezar a valorarla por su uso y no por su potencial cambio en el mercado. Recomiendo a quienes tienen un crédito hipotecario que se acerquen a los fondos públicos para explorar la posibilidad de cambiar su deuda de salarios mínimos (Infonavit) o UMA (FOVISSSTE) a pesos. Asimismo, a aquellos que planean adquirir un crédito a informarse bien sobre lo que implica una deuda hipotecaria.

Esta reflexión no sólo subraya la importancia de reorientar el valor de la vivienda hacia su uso, sino que también nos plantea la interrogante: si esto se logrará.

Una de las herramientas que proyectan disminuir los costos de viviendas es el blockchain que haría más accesible la proveeduría de bienes y servicios, así como la “tokenización” de las viviendas.