Voto masivo en la consulta para el juicio a expresidentes

La embestida contra la consulta para enjuiciar a los expresidentes por parte del ecosistema producido por las elites políticas y económicas de este país ha sido muy dura, las razones de esto son claras a pesar de que busquen encubrirlas con un presunto formalismo legalista: un pacto de impunidad y complicidad. 

El desprecio por la democracia participativa que demostró un personaje como José Woldenberg, ex presidente del IFE, que de plano llamó perros a quienes irán a votar este primero de agosto en un ejercicio democrático inédito, dan cuenta de una preocupación dentro de la clase política tradicional. Sustituir el insulto por el debate, además de la estatura intelectual, muestra desesperación.

La consulta, por principio impulsada por ciudadanos en búsqueda de justicia, es un elemento que viene a poner de manifiesto que la legalidad que se impuso con el periodo neoliberal es una legalidad que benefició a intereses privados por encima de los intereses de la nación y con ello de la población. 

No es casual que alguien como Omar García, uno de los sobrevivientes a la noche de Iguala en la que detuvieron-desaparecieron a 43 de sus compañeros normalistas de Ayotzinapa sea el impulsor para este ejercicio, su exigencia de justicia es crucial para el futuro de este país. Junto a él militantes como Alina Duarte y Ariadna Bahena se movilizaron para reunir más de dos millones de firmas que el INE, finalmente, presionado por fuerza social de este movimiento se vio obligado a validar.

Es claro, por ejemplo, que, desde el periodo de Salinas de Gortari, quien arribó a la presidencia de la república a través de un fraude electoral contra el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se construyó un régimen de despojo que usó todo a su alcance para favorecer la expropiación de empresas de la nación para pasarla a capitales privados que amasaron fortunas inmensas al mismo tiempo que se abandonaban programas sociales. La pobreza se incrementó como nunca antes.

La discusión de fondo que la comentocracia ha querido evadir es la relación entre legalidad y legitimidad. Ésta última ha sido despreciada, y es que los actos que se cometieron desde el poder ejecutivo fueron actos que carecían de legitimidad, es decir, respaldo dentro la sociedad. 

A través del autoritarismo que produjo el PRI durante todo el siglo XX, y que en la vuelta de siglo no se fue para nada, sino más bien se reconfiguró para dar cabida a un proyecto de alternancia que daría paso a un gobierno dirigido por empresarios con el PAN como fachada. 

Con Vicente Fox quedó claro que aquello de la democracia sería despreciado por sus patrocinadores los empresarios que hoy se rasgan las vestiduras en nombre de una presunta falta de legalidad en la consulta. No hay que olvidar que fue precisamente en ese momento en que se operó descarrilar a la oposición liderada por Andrés Manuel López Obrador, ahora mediante un desafuero, bajo pretexto de nueva cuenta de la violación a la ley.

Cómplices de la guerra, primero desatada a comunidades indígenas en Chiapas con Ernesto Zedillo, y después llevada a todo lo largo y ancho del territorio nacional con un presunto combate al narcotráfico que trató de esconder la falta de legitimidad de Felipe Calderón Hinojosa. 

La presidencia espuria de Calderón tuvo como su principal consecuencia una espiral de violencia que no cede aún. Más aún cuando ahora se sabe, gracias al juicio que se lleva en Estados Unidos, que su principal jefe policiaco estaba inmiscuido con la misma mafia que decía combatir.  

Hay que decirlo fuerte y claro, lo último que les preocupa es el respeto a la ley. Es por eso por lo que esta consulta ha tratado de menospreciarse. Lo delicado resulta, que el órgano electoral encargado de realizar este ejercicio, lo esté saboteando. 

En primer lugar, con una maniobra electoral los partidos representantes del viejo régimen dentro del PRIAN no aceptaron que este ejercicio se diera en el marco de las elecciones intermedias, calculaban que si esto se realizaba se desfondaban más de lo que sucedió con la pérdida de doce de las quince gubernaturas en juego y la imposibilidad de controlar el presupuesto de los tres últimos años de gobierno en la Cámara de Diputados al no haber logrado la mayoría.

Ahora el INE, argumentando que la austeridad republicana no se lo permite, no instalará la totalidad de casillas que deben instalarse en una elección. Planea instalar nada más una tercera parte de las casillas instaladas el 6 de junio pasado. Con una clara muestra de desalentar la participación ciudadana, pero eso sí Lorenzo Córdova y Ciro Murayama siguen cobrando más que el presidente de la república aún cuando la constitución no lo permite. 

¿De qué legalidad hablan quienes quieren detener esta consulta para el juicio a expresidente? De la legalidad que les dio la posibilidad de no respetar la democracia como eje fundamental de nuestra sociedad. De la legalidad que mandó a millones a la pobreza, de la legalidad que destruyó los servicios de salud, los servicios educativos y de la que nos endeudó con el FOBAPROA por generaciones. 

Es muy importante que la sociedad organizada, que la movilización social logre generar una participación consciente en este proceso a pesar del saboteo de los intelectuales orgánicos, de los medios de comunicación, de los partidos políticos de oposición, de los intereses empresariales que se niegan a perder sus privilegios y competir como todos, y de la propia autoridad electoral, de ello depende ir desmontando este sistema de impunidad y complicidades.  

No debe caber duda de que el presidente López Obrador sabrá hacer valer los resultados de esta consulta, así como respetó la voluntad expresada en la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco. De nosotros depende el resultado de este proceso histórico, justo por ello ¡voto masivo en la consulta por el juicio contra expresidentes!