A investigación servicio de corralones y grúas en Los Cabos

San José del Cabo.- Prevalece inconformidad de los ciudadanos de Cabo San Lucas por la presunta privatización del servicio de corralón municipal, encareciéndose el servicio no sólo por el traslado de los vehículos que registran algún percance automovilístico, sino por lo que se les cobra de renta, situación por la cual la regidora Berenice Serrato Flores pidió a la Contraloría Municipal una investigación a fondo, porque no puede ser posible que con la pandemia se estén aplicando cobros excesivos.

Este punto lo presentó la regidora en la sesión ordinaria de Cabildo de este mes de julio, siendo aprobado por mayoría.
Citó la Edil que hay muchas cosas nada claras; por ejemplo, quién o porqué se tomó la decisión de cambiar el corralón en Cabo San Lucas, que estaba ubicado en la colonia Lomas del Sol y lo movieron a Migriño, un lugar más retirado del centro de Cabo San Lucas y sin conocimiento del Cabildo.

“Lo que pedimos ante Cabildo es que se haga una investigación por parte de Contraloría Municipal, para saber bajo qué reglamento o indicación se están moviendo estas unidades que según testimonios, más de 3 mil unidades fueron las que se movieron de Lomas del Sol a Migriño y si las personas fueron notificadas; entre otras cosas, pedimos a Contraloría que nos informe en un tiempo no máximo de 15 días y con esto poder darle más que seguridad al ciudadano de la situación. Sabemos que procede la infracción, pero en una situación paralela, al ciudadano le están siendo violentados sus derechos al pedirle que se le pague a un particular una cantidad tan grande como la que se les viene cobrando”, recalcó.

Y es que dijo, de acuerdo a denuncias ciudadanas, con este cambio se incrementaron los servicios de arrastre y el costo por la estancia del vehículo en el corralón y sin que esté regulado el precio que ofrecen, además de que este recurso no va a las arcas municipales sino a un particular.

“Surgen varias dudas; dentro de ellas está que cuando se movió era un predio del Gobierno del Estado y no había costo por cobro de piso, en este caso en Migriño es alrededor lo que comentan los ciudadanos, de 60 pesos por día, más el servicio de grúa que ahorita el testimonio que nos dan si es de ida es entre 2 mil y 2, 500 pesos; entonces, ahorita lo de menos para el ciudadano es que le hagan una infracción, sino que el costo que conlleva si el carro está descompuesto son cinco mil pesos de arrastre y piso por alrededor de una semana de estadía”.

Mencionó que ha habido personas que han tenido que pagar de 15 mil a 18 mil pesos, cuando por alguna complicación no pueden liberar rápido su unidad y eso es lo que está generando una molestia muy grande que la autoridad debe resolver, concluyó.

Parte de lo que señala el reglamento de Tránsito Municipal, es que si una persona tiene un carro abandonado, te dan 72 horas  para moverlo y en esta situación de la pandemia hay ciudadanos que han comentado que no tuvieron los 500 pesos para arreglar la llanta de su vehículo y lo dejó estacionado más de ese tiempo y llega la grúa y se lleva la unidad, pero aparte de pagar lo del arrastre al corralón y el arrastre de regreso, además del cobro por día en el corralón, se vuelven sumas impagables.

Esto se puede llegar a prestar para las conductas antisociales y tener libres las áreas públicas; en esta situación, creo que hay que tener mucha empatía y apoyar a la ciudadanía, lo que buscamos es que se haga una regularización.
Además, también señaló que no fue muy conveniente trasladar el corralón hasta Migriño, no es tan fácil llegar hasta ese lugar y eso complica que los ciudadanos puedan recuperar sus unidades.

Ante esta situación dijo, solicitó investigación por parte de Contraloría e informe al Cabildo qué es lo que está pasando en el tema; y segundo, que la Comisión edilicia de Asuntos Legislativos elabore un reglamento de corralones para darle certeza jurídica a los ciudadanos y que Sindicatura se dedique a revisar espacios para contar con un corralón municipal.

Insistió en que debe transparentarse este servicio, dentro de la norma y reglamento de Tránsito; al momento de cometer el ciudadano una infracción, se le puede retirar el vehículo, la situación aquí es en dos sentidos, una en el tema de que un particular es el que está cobrando el costo, se estaría hablando de una presunta privatización del servicio; además de que no está regulado el precio que cobran y ese dinero no va a las arcas municipales, además el lugar donde reubicaron el corralón está muy retirado de la zona de Cabo San Lucas, no hay transporte, es una situación muy difícil para el ciudadano que está pidiendo la ayuda de las autoridades municipales.