Abogado de víctimas aclaró que fue un ataque directo en Puerto San Carlos

El abogado de los elementos de seguridad privada atacados el pasado 18 de mayo en Puerto San Carlos, municipio de Comondú, desmintió que los hechos correspondan a un enfrentamiento entre grupos delictivos. Aclaró que se trató de una agresión directa por parte de civiles armados en contra de personal retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que se encontraba prestando un servicio de vigilancia en un predio privado.

El abogado y asesor jurídico de las víctimas, Miguel Fernández, señaló que los elementos agredidos fueron contratados por una empresa de seguridad privada para custodiar un inmueble de una cooperativa. Dijo que los militares en retiro llegaron al sitio el 17 de mayo y un día después fueron atacados sin mediar palabra por personas armadas con rifles de asalto.

“Estos elementos arribaron el día 17 de mayo, ese día recibieron amenazas y el día 18 de mayo, es cuando ocurre aproximadamente a las 13:30 13:40 horas el ataque. Eran 22 elementos de servicio. Sin embargo, el servicio se dividía en dos guardias con 11 elementos cada uno. Entonces, el ataque fue dirigido únicamente a 11 elementos que estaban ahí”, explicó Miguel Fernández.

Añadió que la agresión dejó como saldo tres personas fallecidas y una más lesionada por parte de los elementos de seguridad. Detalló que el personal afectado contaba con permisos de portación de armas otorgados por la propia Sedena, ya que la ley permite a elementos en retiro portar armamento para su protección personal.

“Es un es un servicio de seguridad que no estaba contratado armado. Sin embargo, el personal en retiro de SEDENA está facultado para portar armas para protección personal, derivado de la ley que así los faculta por ser personal retirado. En este sentido ellos estaban realizando actividades normales del servicio cuando llegan civiles con armas largas y sin mediar palabra realizan este ataque directo en contra de ellos”, afirmó Miguel Fernández.

También comentó que la empresa de seguridad ha proporcionado apoyo limitado a las familias de los fallecidos y lesionados, ya que la mayoría del personal no es originario de Baja California Sur sino del interior de la República Mexicana, lo que ha dificultado los procesos de traslado y coordinación con familiares. En cuanto a la respuesta institucional, destacó que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha brindado medidas de seguridad y asistencia a las víctimas y sus allegados desde que ocurrieron los hechos.

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Por otro lado, el abogado indicó que los motivos del ataque aún no han sido esclarecidos por las autoridades, pero señaló que existen indicios de que fue una acción organizada para despojar al propietario del inmueble y obtener control de una zona con valor estratégico para la pesca. Indicó que existen antecedentes de extorsión, cobro de piso, secuestros y amenazas contra trabajadores y habitantes locales, lo cual también fue informado por los propios pobladores a los elementos de seguridad afectados.