Alcaldesa e IP llaman a congruencia política

Los Cabos.–Planeada para acabar con el tandeo y déficit de agua potable para la delegación de Cabo San Lucas, con un promedio de 250 litros por segundo, el proyecto de la nueva planta desalinizadora fue analizado una vez más por la presidente municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán frente al Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCC), el cual ya se encuentra en manos del Congreso del Estado para su análisis y en el mejor de los casos aprobación.

En compañía del cuerpo técnico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, así como del tesorero general Rigoberto Arce Martínez, la edil Armida Castro aseguró que para el Gobierno de Los Cabos, el respaldo de la iniciativa privada, así como de la sociedad civil organizada significa seguir tocando puertas para que se logren los objetivos en común.

“La iniciativa privada ha apoyado, ha entendido, ha cuestionado, tiene la información del proyecto y saben en dónde estamos institucionalmente; para nosotros, es importante su respaldo para seguir tocando puertas y entender que esta es la oportunidad para hacer la diferencia y solucionar un problema urgentemente en Cabo San Lucas”, destacó la Presidente Municipal de Los Cabos.

Asimismo, firmado por la Alcaldesa en el acuerdo “Vamos por Diez”, el presidente ejecutivo del CCC, Julio Castillo Gómez, manifestó que la desalinizadora no es un tema nuevo y por el contrario, data de administraciones pasadas, no obstante, es un objetivo firmado por la presidente municipal Armida Castro para cumplir con la ciudadanía, acompañando al Ayuntamiento en todo el proceso.

“Al proyecto le hemos dedicado tiempo y esfuerzo porque sabemos que es un tema que dará solución a este gran problema para Los Cabos, pero no le vamos a pedir a la Alcaldesa, al Jefe del Ejecutivo estatal o federal que viole la Ley para que la desalinizadora salga, es un tema que tiene que resolver el Congreso haciendo política”, precisó el representante de la iniciativa privada.

En conclusión, el llamado al Legislativo estatal, deriva en llegar a acuerdos y evitar la cancelación, cuando aún puede ser concretado el dictamen que dé paso al siguiente proceso para poder licitar la planta y posteriormente iniciar con su construcción.