Diputada Alondra Torres señala persecución política tras solicitud de desafuero

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur solicitó al Congreso del Estado retirar el fuero a dos funcionarios para poder investigarlos por un presunto contrato irregular de 14 millones de pesos en la administración anterior del Ayuntamiento de Los Cabos. Estos son el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del gobierno estatal, Ariel Castro Cárdenas y la diputada Alondra Torres García.

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La investigación se centra en un contrato de intermediación financiera por 14 millones 170 mil 560 pesos, donde una empresa cobró sin realizar los trámites de gestión de crédito para el Ayuntamiento de Los Cabos durante el periodo de 2021 a 2024. En ese contexto, Torres García, una de las involucradas, señaló que existe una persecución política en su contra.

“Aquí hay una afectación económica, social, política, emocional a mí, a mi familia en el sentido de cómo se maneja la información en el tema de las noticias o cómo se difunde. Porque yo veo muchas con mucha alevosía, con mucha ventaja, muchas se traducen como si al final ya llegó aquí, ya van a llegar por ella, o sea, eso no es cierto”, indicó Torres García.

Asimismo, aseguró sentirse tranquila ante el proceso legal que se avecina y confiada en que podrá presentar pruebas para esclarecer su situación.

“Yo me siento muy bien, hay un proceso que agotar todavía. No es que ya me vayan a llevar de aquí y ya venga por mí la patrulla espiritual. No, es un tema de un procedimiento que agotar internamente aquí en el Congreso y respectivamente lo que se decida en el Congreso porque se hace como un pequeño juicio donde me van a dar la oportunidad a mí también de presentar los medios de prueba y a lo mejor se lleven sorpresas algunos”, expresó Alondra Torres.

La legisladora aclaró los alcances de su participación en los hechos investigados. Según su versión, su intervención se limitó a una firma, motivo por el cual, en su opinión, el fiscal anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Emiliano Ortiz Amao, solicitó ambos desafueros.

“Les recuerdo que yo como síndica no tenía facultades y ahora como legisladora no tengo facultades ejecutivas. Yo no llevaba a cabo ningún proceso, simplemente se me ordenó por un punto de acuerdo, que firmé un contrato, y es por la firma, creo yo, por lo que ha expresado el fiscal, que es que viene a tocar la puerta aquí”, explicó Torres García.

Por su parte la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Arlene Moreno Maciel, confirmó que el próximo jueves 27 de marzo incluirá el tema en el orden del día. Señaló que la solicitud de desafuero está dirigida contra Ariel y Alondra, quienes actualmente cuentan con protección constitucional. El procedimiento seguirá los cauces legales establecidos, con el turno de la solicitud a las comisiones correspondientes para su análisis detallado.

GCC