“Kuni”, el megaproyecto turístico con miles de cuartos que amenaza Balandra

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) alertó sobre un nuevo megaproyecto turístico-inmobiliario busca instalarse en La Paz. Se trata de “Kuni”, promovido por la empresa Maravia, el cual se desarrollará en las inmediaciones del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra. Este proyecto, que ha generado una gran preocupación entre la ciudadanía y diversas organizaciones civiles, plantea la construcción de hoteles, viviendas y centros recreativos en una superficie de más de 1,600 hectáreas.

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“Kuni” abarcaría cerca de 300 macrolotes, con la construcción de más de 20,000 cuartos a lo largo de 20 años, edificaciones de hasta seis pisos y una densidad proyectada de 46 cuartos por hectárea. La proximidad del proyecto con Balandra y su zona de influencia ha generado inquietud, ya que podría poner en riesgo ecosistemas sensibles, como dunas y especies endémicas.

Ante estas preocupaciones, la sociedad civil organizada ha solicitado que se realice una reunión pública de información, donde la parte promovente explique a los ciudadanos los aspectos técnicos ambientales del proyecto. Por lo pronto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrió la consulta pública.

Las personas interesadas en participar pueden descargar el formato correspondiente aquí (https://bit.ly/ConsultaPublica-Kuni) y presentarlo en la representación de la Semarnat en Baja California Sur antes del 23 de septiembre.

Entre los puntos más críticos, las organizaciones advierten sobre la alta demanda de recursos hídricos que requerirá el proyecto, lo que podría exacerbar la escasez de agua en La Paz. Se estima que la construcción requeriría más de 10,000 metros cúbicos de agua, lo que equivale a poco más de mil pipas, y que durante la operación se desalarían más de 7,500 metros cúbicos de agua por día, generando una descarga de salmuera de más de 5,300 metros cúbicos, con un alto potencial de alterar los ecosistemas marinos.

También subrayan los posibles conflictos sociales por la limitación del acceso a las playas y el cambio en la estructura socioeconómica local, que podría encarecer bienes y servicios y provocar el desplazamiento de comunidades. Se estima que la fase de construcción atraería a más de 157,000 personas, lo que ejercería una presión significativa sobre los servicios públicos de agua, drenaje, electricidad, salud y educación.

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