Amplió Gobernador ante SCJN controversia contra legisladores

El Gobernador, Carlos Mendoza Davis, amplió la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de los legisladores locales.

En el documento presentado este 31 de agosto, el mandatario estatal A través del subsecretario de la consejería jurídica del gobierno del estado Miguel Ángel Esquinca Kuri presentó la ampliación a la demanda constitucional interpuesta por el poder Ejecutivo el 25 de mayo del 2020 en contra del poder legislativo en Baja California Sur o para reclamar la invalidez de diversos actos.

Entre ellos está solicitando la invalidez de la sesión pública solemne de clausura del segundo período ordinario de sesiones correspondientes al Segundo Año de Ejercicio constitucional de la XV legislatura del Congreso del Estado, llevado a cabo el 30 de junio del 2020 bajo la presidencia de la diputada Mercedes Maciel, así como la nulidad de los actos en ella realizados como lo son la lectura de la sesión pública ordinaria del jueves 28 de mayo de 2020; así como de las actas de las sesiones públicas ordinarias de fecha martes 16 y martes 23 de junio del 2020 y el acta de la sesión pública extraordinaria vigente de fecha lunes 29 de junio de 2020 y la elección de la mesa directiva del actual periodo.

Como lo anuncié, se ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampliación de demanda en la Controversia Constitucional que interpuse por los hechos suscitados en el @BcsCongreso. Nuestro máximo tribunal determinará sobre su legítima integración y legal actuar. pic.twitter.com/SpojjpnpuU

— Carlos Mendoza Davis (@cmendozadavis) August 31, 2020

“Como lo anuncié, se ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampliación de demanda en la Controversia Constitucional que interpuse por los hechos suscitados en el Congreso de Baja California Sur. Nuestro máximo tribunal determinará sobre su legítima integración y legal actuar”, escribió en redes sociales. 

El mandatario dijo que la decisión se tomó tras un análisis exhaustivo de las implicaciones jurídicas que el hecho tendrá, no sólo para el Estado de Derecho y el funcionamiento del Congreso, sino para la vida de los sudcalifornianos, y dada la naturaleza grave de los actos y sus repercusiones jurídicas.

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