“Arma de doble filo”, segunda desalinizadora

Foto: Milenio

Palabra de Mujer

Como un arma de doble filo, como dice el dicho popular, por tercera ocasión en lo que va de la historia del Cabildo de Los Cabos, se aprueba la construcción de una segunda planta desalinizadora por 250 lxs; en la administración pasada, la de Arturo de la Rosa, en dos ocasiones, la última el 6 de julio del 2017 en el acta número 41, la comuna avaló el proyecto, pero aunque lo autorizó el Congreso, con mayoría panista en ese entonces, a nivel federal no procedió; ahora en el Gobierno de Morena, la alcaldesa Armida Castro presentó la propuesta, fue aprobada y turnada a la legislatura estatal.

¿La tercera será la vencida?

Es lo que se pregunta la población de Los Cabos, toda vez que esta nueva propuesta ha generado opiniones encontradas, incluso de propios ediles como el morenista Héctor Torres que votó en contra y la primera regidora Irene Román, que cuestionó el endeudamiento para el Ayuntamiento al optar por una APP (Asociación Público Privada).

Si bien es cierto, cada vez es mayor la exigencia de los ciudadanos por contar con el recurso agua, sobre todo en el puerto, donde nunca sale agua de la llave, lo cuestionable es si este proyecto millonario vendrá a ser la solución, y si lo será, pero para cuánto tiempo?, no será acaso otro “espejito”.

La realidad es muy cruda, Los Cabos con un crecimiento poblacional arriba de la media nacional, con un déficit del recurso de 250 litros por segundo, de acuerdo a los estudios hídricos del 2014.

Pero en la actualidad tan solo el puerto de Cabo San Lucas tiene un déficit es de 230 litros por segundo de las colonias con servicio.

Lo que se produce de agua no es suficiente, de acuerdo al proyecto se abastecerá a 40 mil familias en el puerto (40 mil tomas) y otras 40 mil en San José del Cabo que tendrán por consiguiente más agua; por lo que esta planta vendrá a resolver el problema por un buen tiempo.

Pero si bien es cierto lo que dicen los críticos, que será un proyecto que vendrá a solucionar no de fondo el problema, la realidad es que nadie ha planteado otra solución que no sea la de la desalinización de agua de mar.

De acuerdo a lo aprobado por el Cabildo, el monto para la construcción de la planta sería por un mil 125 millones de pesos, de ese monto el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aportaría el 49 por ciento y el 51 por ciento restante de ese total se divide en dos partes: el 20 por ciento es capital de riesgo que lo pone la empresa y el 31 por ciento a través del banco y la misma empresa lo puede absorber.

Pero el punto interesante aquí es el costo financiero que tendrá el crédito por ese 51 por ciento, más la operación y mantenimiento a lo largo de los 25 años, que se estima sea por un monto de 3 mil 900 millones de pesos, es decir, el Congreso del Estado tendría que autorizar el endeudamiento por esa cantidad durante los 25 años, ahí es donde se debe centrar la atención en esta propuesta.

También aprobó el Cabildo el proyecto de Mejora Integral de la Gestión en un plazo de 10 años y esto es para mejorar la eficiencia de agua y la comercialización.

Baste citar que tan solo en Cabo San Lucas la pérdida por fugas es del 40 por ciento, es decir de los 10 millones anuales de metros cúbicos de agua que reciben las familias sanluqueñas, aproximadamente 4 millones de metros cúbicos se pierden, esto trascendió en las reuniones de autoridades con diputados y regidores integrantes de la Comisión del Agua.

Cuando llega a la presidencia municipal Arturo de la Rosa Escalante retoma un proyecto que no se concretó en el gobierno de Antonio Agúndez, pero en su primer intento no procede y ya en la segunda vez se autoriza por Cabildo y por el Congreso, pero ambas propuestas de ese gobierno municipal fueron fallidas porque no cumplían los requisitos ante Hacienda en el tema de ajustes financieros, es decir nunca se soportó en proceso de análisis de los costos beneficios y la capacidad del pago.

Y es que en el decreto anterior (número 30) del boletín oficial del poder legislativo, en tiempos de Arturo de la Rosa, en su artículo séptimo establece que el municipio de Los Cabos por conducto de Oomsapaslc debería aportar al patrimonio del o los instrumentos fiduciarios los ingresos a recaudar por la prestación de servicios de conformidad a efecto de pagar la contraprestación mensual que resulte a favor del desarrollador, importe que deberá ser considerado en el presupuesto del Organismo de cada ejercicio.

Se autorizó al municipio de Los Cabos, ceder, afectar y comprometer irrevocablemente un porcentaje suficiente y necesario de los ingresos que le correspondan presentes y futuros derivados del Fondo General de Participaciones.

Es decir en el decreto anterior planteaba fideicomitir el ingreso, la fuente de pago principal era el fideicomisario y eso comprometía los ingresos del Organismo Operador hasta por 25 años y significaba que quien iba a decidir cómo gastaba el dinero el el fideicomisario y no el Organismo Operador.

Se le fue el tiempo al ex alcalde Arturo de la Rosa y ante la cercanía de los tiempos políticos no procedió su propuesta ante Hacienda, así se le fue la oportunidad de cumplir su promesa de dotar de más agua a la población.

Se juntó también que en esos tiempos, el director del Organismo Operador, Oscar René Núñez Cossío, no autorizó en dos años la tarifa del agua en base al índice inflacionario, existiendo un desfase hasta en un 24 % y eso también contribuyó a que el Organismo no justificara ante Hacienda el poder afrontar el compromiso económico de la segunda desalinizadora.

En esta nueva propuesta del gobierno morenista se elimina ese componente de fideicomisario, que implicaba privatizar al Organismo Operador.

Si bien en un principio, expongo que la construcción de la segunda planta desalinizadora de Cabo San Lucas es un “arma de doble filo”, es porque además del compromiso social, puede verse como puntos políticos a favor de quien logre el proyecto. Arturo de la Rosa, lo intentó dos veces y no pudo concretizarlo, ahora se verá lo que pase con el gobierno de Armida Castro, le cumplirá o no a la población, es la interrogante.

Sin embargo, estimado lector, de lograrse la construcción de esta obra implica ventajas y desventajas, que pueden subir o bajar los bonos políticos del titular del municipio.

Ventajas:

El Organismo Operador tendría a partir del primer año de operación de la segunda desalinizadora ingresos hasta por 50 millones de pesos para invertir en infraestructura y en plantas de tratamiento de aguas residuales, iniciar con la recuperación del servicio en CSL logrando suministrar agua las 24 horas durante los 7 días de la semana; podrá invertir en infraestructura, saneamiento.

Desventajas:

-Que los usuarios no tomen su responsabilidad, que al recibir el agua la cuiden y la paguen; que los ingresos adicionales sean mal administrados y que no se siga con la planeación a largo plazo; el Organismo deberá mejorar su cobranza; de no cumplir será el Ayuntamiento quien cargue con la deuda.

Un aspecto a cuidar: cumplimiento del actual director y seguimiento en la próxima administración, con alguien que tenga el perfil administrativo con conocimiento técnico, ya no más políticos en esta dependencia.

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