Ayuntamiento apoyará por vías jurídicas a desalinizadora: Arce

El Tesorero Municipal reveló que resolución del juez deja a salvo la responsabilidad de los poderes por lo que puede gobierno estatal publicar el proyecto

El Ayuntamiento de Los Cabos defenderá la desalinizadora porque el pueblo de Cabo San Lucas no se merece que se pierda tan importante proyecto por conflictos entre el poder ejecutivo y legislativo, y se está a 12 días de que venza el plazo que otorgó el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) que es el 30 de septiembre, por lo que no se descarta proceder por la vía jurídica o incluso ampararse, así lo afirmó el Tesorero Municipal, Rigoberto Arce Martínez.

Luego del resolutivo del poder judicial de dejar a salvo los derechos de los diputados de oposición y de que el Gobernador Carlos Mendoza Davis ordenara restitución de los legisladores en mención inmediatamente y aprobar nuevamente el financiamiento para la desalinizadora, debido a que la sesión pasada donde se aprobó quedaría invalidada, el Tesorero Municipal de Los Cabos recalcó lo siguiente:

“Yo creo que el ayuntamiento cumplió con el proceso institucional, lo llevamos al Congreso, existe una mesa directiva en el Congreso existen las comisiones tanto de aguas como de asuntos fiscales que valoraron lo presentaron y hoy el proyecto de la desalinizadora está en espera de la publicación, hay que recapitular realmente cual es la esencia de lo que está resolviendo el juez, el juez dentro de su resolución está resolviendo un problema interno del congreso que no tiene nada que ver con la publicación”, sostuvo.

Es decir, puntualizó, la resolución del poder judicial  está dejando a salvo la responsabilidades de los dos poderes porque dice la resolución que no puede ir en contra del proceso de los poderes y responsabilidad que existe, por lo tanto observó  si ahorita se quisiera publicar el dictamen de la desalinizadora se tendría que hacer  porque así lo dice el procedimiento litigioso que dio al final el resolutivo del juez.

“No hay que confundir con la restitución de los cinco diputados y con la resolución que tienen la obligación de publicar, nosotros tendremos que evaluar que vamos a hacer, no podemos darnos el lujo de tirar por la borda un proyecto tan importante para Cabo San Lucas, tendremos que evaluar vamos a exigirlo, de que forma o bien a nivel federal de que forma vamos a caminar sobre el programa y calendario para que esto no se pierda”.

Si el congreso en pleno determina que el Ayuntamiento cabeño presente de nuevo el proyecto se tendría que valorar, sostuvo Arce Martínez y si el Congreso dice que ya resolvieron, sería lo más factible porque no es un problema institucional del Ayuntamiento. 

“Nosotros no hemos querido intervenir ni a favor ni en contra de la problemática de los dos poderes, el ejecutivo y legislativo, pero defenderemos el proyecto de la desalinizadora para que se apruebe antes del 30 de septiembre”.

Dijo además que están valorando jurídicamente lo que procede, no descartando que podrían recurrir al amparo o que irían hasta donde sea necesario para que este proyecto no se pierda, también están trabajando a nivel federal porque hay formas también de seguir con el procedimiento aún sin que lo hayan publicado, es algo que habrán de definir en los próximos días.

Para la Secretaría de Hacienda es fundamental que haya certeza de proyecto, sin embargo, el presidente de la República está muy interesado en que se haga este proyecto, lo defendió pues lleva más de 8 años, pero lo conservó, pues sabe que es necesidad urgente para Cabo San Lucas, el gobierno federal está apoyando en todo lo que pueda.

Dijo que en esta semana habrán de sostener una reunión con diputados para determinar lo que procede en torno a este proyecto y también habrán de definir que recursos implementaría el Ayuntamiento para no poner en riesgo dicha planta.

Cabe hacer mención que la nueva desalinizadora estaría ubicada a 300 metros de la primera, no en el mismo predio y cuyo monto es de 965 millones de los cuales el 49 por ciento se iría a fondos perdidos a través de Fonadin y  demás 500 millones de pesos del proyecto de mejora integral de gestión, que también el 49 por ciento de ese monto iría a fondo perdido.

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