Ayuntamiento de La Paz en pleitos legales por el acceso a las playas

La Paz.- En el mes de abril el Ayuntamiento de La Paz inició una campaña para liberar el acceso a las playas. Esta situación molestó a los dueños de algunos de los predios aledaños a la zona costera, quienes se opusieron a las acciones de las autoridades municipales e interpusieron recursos legales. Así lo informó el secretario general del Ayuntamiento, Pável Castro Ríos. 

“En el caso de Puerto Mejía y en el caso del Camino Las Cruces o el Rancho a Las Cruces, ellos estaban en la postura de que es propiedad privada y de que nadie les puede quitar un portón y de que esos caminos que conducen a las playas son de ellos […] Metieron amparos falseando un poco los hechos y diciendo que es propiedad privada y que nosotros habíamos invadido propiedad privada”, dijo. 

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el juez habría concedido una suspensión provisional a los dueños de los predios. Sin embargo, esta fue eliminada una vez que intervino el equipo jurídico del Ayuntamiento. 

“Nosotros metimos en la etapa incidental las suficientes pruebas para determinar que esto es una vía pública, que forman parte de la red nacional de caminos, así como la red estatal de caminos que tiene la Junta Estatal de Caminos. En Catastro tenemos registro de que estos son caminos vecinales; aparte que conducen a playas que son bienes de dominio público. En ese sentido nosotros tenemos los argumentos, la verdad y la justicia en otro lado”, manifestó.

Por su parte, los dueños de las tierras acusan al Ayuntamiento paceño de atropellar los derechos de los ciudadanos y de invadir propiedad privada. Así lo expresó este martes el apoderado legal del predio “Agua de Mejía”, Mario Tomás Sánchez Cadena, en un oficio enviado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; al procurador general de Justicia del estado, Daniel de la Rosa Anaya; y a la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero.

“El Estado de Baja California Sur y, en especial el municipio de La Paz, son ejemplo de impunidad y ausencia de Estado de Derecho. Ahí no se respeta la propiedad privada y se ponen en riesgo las inversiones de mexicanos y extranjeros con todo cinismo por parte de personal del municipio”, inicia el documento. 

En el escrito, el apoderado afirmó que hubo abuso por parte de las autoridades municipales, quienes, según dijo, entraron con retroexcavadoras y se robaron el portón. De igual manera, indicó que durante el proceso se dañaron especies forestales protegidas, acto que ya fue denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).