El Congreso de BCS aprueba reformas sobre Guardia Nacional y derechos indígenas

En sesión extraordinaria celebrada el 27 de septiembre, la XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó reformas constitucionales impulsadas por el presidente de la República. Estas reformas incluyen la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

Las reformas fueron aprobadas tras la presentación de los dictámenes por la Comisión de Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública, así como la de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos. Estas minutas, enviadas por el Senado de la República, forman parte del proceso legislativo nacional que involucra a los congresos estatales.

En cuanto a la Guardia Nacional, se modificaron 12 artículos de la Constitución general. Estos cambios permiten que la GN se establezca como un cuerpo policiaco responsable de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio Público y las policías locales, dentro de sus respectivas competencias.

En lo referente a los pueblos indígenas y afromexicanos, se reformó el artículo 2 de la Constitución para reforzar la autonomía de estas comunidades. La reforma garantiza su derecho a definir sus formas de gobierno, gestionar sus recursos económicos y participar en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales.

Durante el debate sobre la Guardia Nacional, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) votó en contra, argumentando que “militarizar al país no es la solución”. En su opinión, es más importante respetar a las policías locales para mantener la paz en Baja California Sur y asegurar su prosperidad, especialmente en temas turísticos.

Por su parte, el diputado Omar Torres (PT) apoyó la reforma, destacando que la seguridad pública se fortalecerá con la consolidación de la GN como una fuerza profesional y permanente. Afirmó que esto permitirá una coordinación más efectiva en el ámbito de la seguridad pública.

La diputada Lupita Saldaña (PAN), también opositora, expresó que no está de acuerdo con que la GN quede bajo el mando de la SEDENA. Señaló que “la verdadera intención de esta reforma es crear gobiernos autoritarios”, lo que calificó como un ataque a la democracia y la justicia.

En contraste, el diputado Venustiano Pérez (Morena) defendió la reforma, invitando a los legisladores a verla de manera objetiva. Afirmó que el propósito es buscar una solución para pacificar al país, señalando que “el ejército ya ha realizado este tipo de labores sin una normatividad clara”.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Guadalupe Vázquez, consideró que la reforma es necesaria para establecer reglas claras para la Guardia Nacional y prevenir posibles abusos. “No existe ninguna militarización”, concluyó tajantemente.

YJ