BCS registra más de 500 denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias en 2024

El incumplimiento de la obligación alimentaria constituye un delito conforme a los códigos civiles y leyes familiares de cada entidad federativa. Por lo tanto, el deudor alimentario está obligado a proporcionar alimentos y cubrir las necesidades de sus hijos.

A nivel nacional, el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar ha mostrado un incremento del 2.6%, al pasar de 15,693 denuncias interpuestas entre enero y julio de 2023, a 16,107 en el mismo periodo de 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Ante esta situación, se han impulsado varias iniciativas para combatir la impunidad, ya que las principales víctimas suelen ser mujeres madres solteras y sus hijos. Estas iniciativas incluyen la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y la Ley 3 de 3, que prohíbe a cualquier persona que sea agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar, obtener un empleo o cargo en el servicio público, o ser registrada como candidata para un cargo de elección popular.

En Baja California Sur, las autoridades han recibido 538 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en los primeros siete meses de 2024. Esto representa una disminución del 3.4% en comparación con las 557 carpetas de investigación registradas en el mismo periodo del año pasado.

Los municipios con mayor número de denuncias por deudores alimentarios son La Paz, con 206 casos en 2024, seguido de Los Cabos, con 199 carpetas de investigación. En la zona norte de la región sudcaliforniana, los municipios registran menos casos: Mulegé con 61, Comondú con 46, y finalmente Loreto con 26 denuncias.

AT