BCS requiere una nueva ley de atención a víctimas

Al vivir en carne propia la desaparición de un ser querido y enfrentar el proceso legal de búsqueda, Melchor Soto Torres, manifestó que la ley de víctimas de Baja California Sur no ha sido actualizada desde el 2014, motivo por el cual las víctimas de algún delito, así como sus familiares, no son atendidos de manera adecuada.

“No tenemos una ley de víctimas actualizada, la ley que existe es del 2014 y se hizo con todas las ventajas para que no hubiera sanciones a los funcionarios que no acataran la ley. Además no contempla una comisión ejecutiva de atención a víctimas, lo único que hay es una dirección de atención a víctimas del delito en la Procuraduría, pero lo que siempre he dicho es que esa dirección atiende únicamente a los intereses de la procuraduría”, declaró. 

Expuso que tan sólo en el área de desapariciones, el poder judicial no brinda atención psicológica, asesoría, ni acompañamiento legal a quienes enfrentan este difícil proceso y suelen ser re victimizados por las mismas autoridades durante la investigación del caso.

Del mismo modo, dijo que es obligación de los diputados locales revisar la ley actual y anularla para crear una nueva legislación que de manera integral contemple sanciones, apoyo jurídico y emocional a las víctimas y sus familiares.

Por otra parte, la diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, Eufrocina López Velasco, manifestó que aún no han revisado esta ley porque se encuentran atendiendo otros temas.

“Primero que nada necesitamos saber si en el periodo legislativo pasado hicieron alguna propuesta, y si no lo han hecho entonces sí sentarnos a platicar con los interesados. Ellos se tienen que hacer presentes con la comisión de derechos humanos para que veamos cómo la vamos a modificar, y si no está actualizada pues nos vamos con los asesores para trabajar de lleno”, sostuvo la diputada. 

Sin embargo, invitó a los interesados en que se modifique dicha ley para que se acerquen con los diputados y elaborar de manera conjunta una iniciativa bien sustentada, sin lagunas legales, que ampare a los ciudadanos y promueva la atención oportuna a quienes lo necesiten.