Familia denuncia cacería de “chivos expiatorios” para dar carpetazo a homicidio en Comondú

En representación de su familia, el señor José Hernández Geraldo, denunció abuso de poder por parte de los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y ministerios públicos de Baja California Sur.

De acuerdo con el testimonio del comerciante agrícola, las autoridades emprendieron una cacería de “chivos expiatorios” buscando inculpar a sus hijos por un homicidio que no cometieron.

Todo comenzó la tarde del 17 de diciembre de 2019, cuando un joven fue asesinado a tiros dentro de un depósito de cerveza ubicado en el ejido 5, al sureste de Ciudad Constitución, cabecera municipal de Comondú.

Según la declaración del encargado del negocio, dos sujetos armados ingresaron para dispararle por la espalda a uno de los clientes que esperaba el cobro de mercancía en la barra de pago. La víctima identificada como Luis Miguel “N”, murió instantáneamente a causa de las heridas provocadas por los proyectiles de armas de fuego.

Desde ese momento, comenzó el calvario para la familia Geraldo. Un día después del homicidio, don José había salido de su granja productora de vegetales localizada en el ejido en compañía de uno de sus hijos, para dirigirse a su hogar en Ciudad Constitución.

Cuando tomaron carretera, fueron interceptados por dos patrullas de la policía municipal, una de la policía estatal y una camioneta blanca tripulada por varios hombres que se identificaron como agentes ministeriales.

Los uniformados descendieron de sus vehículos con sus armas de cargo para obligar a padre e hijo a salir de su vehículo y arrodillarlos en medio de la autopista. A don José lo encañonó uno de los estatales, mientras el resto de los policías y ministeriales sometieron a German, su hijo, arrastrándolo por la cinta asfáltica para subirlo en la camioneta y llevárselo supuestamente detenido.

Don José aseguró que su hijo German sufrió agresiones físicas durante las 48 horas que permaneció retenido, a pesar de que nunca existió una orden de aprehensión en su contra. Los ministeriales lo habrían golpeado buscando que se declarara culpable del homicidio, como lo dijo el padre de familia.

“Entonces ahí comenzó el abuso de autoridad, se lo llevaron a la procuraduría y hasta ahí fuimos, presenté a mis otros dos hijos porque supuestamente también eran sospechosos, pero después nos dijeron que ellos no tenían culpa, que dejaran sus copias de credencial de elector y se podían ir, nada más que dejaron encerrado a mi hijo German ahí. Lo sacamos al otro día, pero a los meses llegaron con órdenes de cateo y lo volvieron a agarrar para encerrarlo en el Cereso, nunca presentaron ordenes de aprehensión ni nada, pues nos movimos y con apoyo de un licenciado lo sacamos por falta de pruebas.”

Luego de un par de audiencias entre ministerios públicos y la familia Geraldo realizadas en el interior del Cereso de Ciudad Constitución, el caso se mantuvo en etapa de investigación y bajo seguimiento de la PGJE. Tres años después, la carpeta de investigación ha sido modificada en diversas ocasiones donde se añadieron pruebas falsas para poder inculpar a sus hijos como autores intelectuales y materiales del homicidio ocurrido en el ejido 5, como lo aseguró don José.

El jefe de familia señaló directamente a la coordinadora de agentes del ministerio público de Comondú como la artífice de la falsa culpabilidad en contra de sus hijos, quienes siguieron siendo hostigados por elementos de seguridad que esperaban cualquier pretexto para detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia.

“En este caso les quieren achacar esa muerte a mis hijos, hubo la audiencia y los testigos que los mismos ministeriales llevaban se retractaron y manifestaron la licenciada Thalía Ocampos Gameros los había amenazado que si no decían en la audiencia lo que ella quería porque así trabajaba, que los iba a encerrar en el Cereso o los iba a desaparecer. Esos son los mismos testigos que ellos llevaban, de ahí la jueza de esa audiencia levantó carpeta de investigación a Thalia Gameros y le ordenó a la subprocuradora que investigara a la licenciada Thalía y hasta la fecha no hemos tenido respuestas.”

Luego de interponer la denuncia por los delitos de abuso de autoridad y tortura en contra de los servidores públicos, la familia Geraldo logró la apertura de la carpeta de investigación CST/535/2020 con el objetivo de que continuarán las indagatorias del caso. Sin embargo, en febrero de 2023 la carpeta fue enviada al ministerio público del municipio de Mulegé, siendo que los hechos sucedieron en Comondú. Tal y como lo comentó don José.

“Han estado escondiendo las carpetas de investigación desde el 2020, las autoridades no la dan acceso a nuestro licenciado, últimamente la carpeta apareció hasta Santa Rosalía. Yo tuve una audiencia precisamente reclamando las carpetas, y el juez dio dos días para que aparezcan las carpetas y en eso andamos en esta situación que es un abuso tremendo. ¿Si son culpables mis hijos porque no presentan pruebas? Yo pido una investigación conforme a la ley, es lo que estamos pidiendo y que dejen de usar el poder para estarnos achacando algo que no hicieron mis hijos, que lo comprueben, pues.”

Hasta ahora, Don José y su familia no han tenido ninguna explicación de la PGJE por mover las carpetas de investigación de un municipio a otro sin fundamento legal para hacerlo, por lo que las personas afectadas solicitaron a través de un oficio que las carpetas sean reubicadas en la Fiscalía General Anticorrupción de la ciudad de La Paz para poder lograr avances en el caso y evitar que los jóvenes sigan siendo perseguidos por las autoridades con apego a los derechos humanos, ante la nula procuración de justicia que han obtenido en este caso.