Buscan castigar legalmente el discurso de odio en Baja California Sur

Ante el avance y normalización del discurso de odio en redes sociales y espacios públicos, especialmente contra personas LGBT+, mujeres, indígenas y personas con discapacidad, activistas de Baja California Sur presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal y convertir estas expresiones en delito.

Los ciudadanos Ángel Fabián Gaxiola Infante y José Raúl Pérez Aguilar presentaron ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal de Baja California Sur y tipificar el discurso de odio como delito.

Raúl Pérez, presidente del colectivo CODISEX Los Cabos y uno de los promoventes de la iniciativa, explicó que la motivación principal para impulsar surge de la necesidad urgente de brindar protección a poblaciones vulneradas no solo por su orientación sexual o identidad de género, sino también por su origen étnico, condición física o cualquier otra característica que ha sido motivo de exclusión o agresión.

“La principal motivación fue realmente la necesidad urgente que nosotros hemos visto como colectivos de proteger la dignidad, la integridad y la seguridad de grupos que históricamente hemos sido discriminados en Baja California Sur, como las personas LGBT, mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que en estos últimos años, sobre todo con las poblaciones LGBT, hemos visto cómo los discursos de a de odio se han normalizado (…) esta iniciativa busca enviar un mensaje claro en Baja California Sur que no se tolerará ninguna expresión que promueva el odio o incite la violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, religión u otra condición”, expresó Pérez.

La propuesta define el discurso de odio como cualquier expresión oral, escrita, visual o digital que incite, promueva o justifique el odio, la discriminación o la violencia hacia una persona o grupo.

Raúl Pérez aclaró que no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de trazar una línea clara entre la crítica legítima y los mensajes que incitan al daño.

La iniciativa contempla penas de dos a cuatro años de prisión, o bien, entre 250 y 400 jornadas de trabajo comunitario y hasta 300 días de multa económica.

No obstante, será el Congreso del Estado quien defina la redacción final y determine si la propuesta avanza en comisiones.

Como antecedente, el activista mencionó el caso del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, quien fue blanco constante de ataques por su expresión de género. Pérez recordó que, pese a pedir protección, ésta nunca llegó, lo que derivó en uno de los crímenes que más impactaron al país.

jb

“También una de las cosas que buscamos nosotros es precisamente empezar a poner bloqueos, te puedo decir un claro ejemplo de discursos de odio hacia le magistrade de Jesús Ociel Baena Saucedo que constantemente sufría ese tipo de ataques en todos los videos, reels, TikTok y publicaciones que compartía por precisamente su expresión de género donde incluso se le amenazaba de muerte y desafortunadamente, aunque él pidió la protección del Estado, esa protección nunca llegó y es precisamente lo que nosotros tratamos de que la gente entienda, si una persona se atreve a amenazarte de muerte en la vida real y no pasa nada, o en redes sociales o en cualquier otra de cualquier otra forma, o sea, ¿Qué va a evitar que esta persona transite de un mensaje a una realidad?”, destacó.

Raúl Pérez advirtió que cuando no hay consecuencias, los discursos de odio se vuelven cotidianos y peligrosos. Afirmó que permitirlos sin regulación abre la puerta a agresiones físicas, exclusiones sistemáticas y crímenes motivados por prejuicios.