Titular de la CEDH BCS podría recurrir a amparo para destituir a consejeros

La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, espera la resolución del Congreso del Estado sobre la destitución y designación de nuevos consejeros. Esto, luego de que en 2024 la presidenta denunciara a los consejeros usurpación de funciones, simulación de pruebas y otros actos que vulneraron la operatividad de la institución.

Estas denuncias se dieron luego de que los consejeros se autoproclamaran como presidentes interinos, sin cumplir con los procedimientos legales, y tomaran las instalaciones de la CEDH durante nueve meses.

Charlene Ramos explicó que la designación de nuevos consejeros es una facultad exclusiva del Congreso. La solicitud fue presentada el año pasado y, según la legislación, ya está cerca el término del plazo para que el Congreso emita su resolución.

“Obviamente confiamos en que el Congreso del Estado va a atender la solicitud presentada y va a responder conforme a derecho y pues evidentemente sería muy lamentable abonar a un precedente en el cual se permitiera mantenerse en un cargo o por el contrario se reeligiera a personas que han realizado estos actos delictivos ,que han generado tanto impacto y tanta afectación para las víctimas y para el mismo personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señaló Charlene Ramos.

Charlene Ramos también añadió que, en caso de que no se resuelva la situación a favor de la institución, se procederá con los mecanismos legales correspondientes, incluyendo la interposición de un amparo indirecto ante un juez de distrito.

“Procedería solicitar la revisión de la decisión por las autoridades competentes, los juzgados de Distrito en un sentido de un amparo indirecto para la revisión de este tipo de resoluciones. Que se analice si están siendo conforme a derecho, puesto que todos estos nombramientos tienen requisitos legales que se tienen que cumplir y evidentemente sería la autoridad de un juez de distrito que tendría que revisar si se están cumpliendo las obligaciones de las autoridades competentes”, afirmó Charlene Ramos.

Charlene Ramos reiteró que el conflicto dejó a la Comisión prácticamente paralizada durante más de nueve meses debido a la toma ilegal de sus instalaciones por parte de los consejeros señalados. Durante ese tiempo, la atención a más de 380 expedientes de queja quedó suspendida, generando un rezago.