Ciudadanas y especialistas exigen retirar iniciativa urbana que otorga más poder al gobernador

Integrantes de organizaciones civiles, colegios de arquitectos e ingenieros, así como habitantes de diversas colonias paceñas, se manifestaron este martes frente al Congreso del Estado de Baja California Sur para exigir que se retire del orden del día la votación de la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano impulsada por el Ejecutivo estatal.

Las y los manifestantes denunciaron que la propuesta viola el artículo 115 constitucional y la Ley General de Asentamientos Humanos, al otorgar al gobernador atribuciones que corresponden a los ayuntamientos, principalmente en materia de planeación urbana, uso de suelo y vivienda social.

De acuerdo con las organizaciones, la iniciativa no fue socializada ni consultada con la ciudadanía, pese a que se presentaron oficios desde julio solicitando espacios de diálogo.

 “No estamos pidiendo que no se construya vivienda social; lo que exigimos es que se haga con consulta y participación ciudadana. Ya tenemos ejemplos como Calafia, donde se destruyó una zona deportiva para edificar viviendas, quitándole a las vecinas su único espacio público”.

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Orozco señaló que con la reforma, los usos de suelo podrían modificarse por decreto del Ejecutivo, permitiendo incluso desarrollos turísticos o industriales en zonas designadas como habitacionales o recreativas. Agregó que existen predios intraurbanos abandonados que podrían destinarse a vivienda sin afectar áreas verdes ni comunidades consolidadas.

Por su parte, Lucero Martínez Vázquez, arquitecta y expresidenta del Colegio de Arquitectos de BCS, advirtió que el contenido de la iniciativa podría tener consecuencias graves para el crecimiento ordenado de la capital y otras ciudades del estado.

“Esta reforma es peligrosa porque faculta al Ejecutivo a cambiar densidades y usos de suelo. Puede parecer una buena intención, pero a la larga generará más viviendas sin servicios, sin parques y sin planeación urbana sostenible”.

Martínez explicó que, aunque el discurso oficial plantea la construcción de “viviendas del bienestar”, no se ha tomado en cuenta la capacidad de los municipios para proveer infraestructura, agua y espacios públicos. Además, destacó que la reforma vulnera la autonomía municipal, al permitir que el gobierno estatal decida sobre temas exclusivos de los ayuntamientos.

Durante la manifestación, las participantes pidieron la creación de un Parlamento Abierto donde se incluyan voces ciudadanas, técnicas y académicas antes de aprobar cualquier modificación a la ley. También criticaron la falta de respuesta de las autoridades, señalando que la diputada presidenta del Congreso “desestimó las demandas ciudadanas con comentarios que reflejan una falta total de representación”.

Las organizaciones reiteraron su disposición a colaborar en el diseño de políticas de vivienda, pero insistieron en que estas deben realizarse con transparencia, equidad territorial y respeto al marco legal vigente.

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