Colectivo entrega informe sobre fosas clandestinas

En las morgues y fosas comunes se tienen mil 750 cadáveres que esperan ser identificados en Sinaloa, muchos de estos cuerpos pueden ser los hijos, esposos, hermanos o hermanas de familias que los buscan, fue uno de los planteamientos entregados a miembros del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

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María Isabel Cruz Bernal, a nombre de uno de los 22 colectivos que en forma separada y en privado, se reunió con los funcionarios del organismo y expuso la situación que priva en la entidad, en la que solo se dispone de 16 agentes para investigar las desapariciones, por lo que cada agente tiene a su cargo 670 carpetas de investigación.

Mil 217 cuerpos sin identificar

En el informe que entregó a nombre del colectivo de “Sabuesos Guerreras”, se hizo notar que en los últimos cuatro años solo se han llevado a tribunales 117 casos de desapariciones forzadas, de los cuales solo 55 han sido resueltos.

Citó en el documento que entregó al personal del Comité de la ONU que realiza encuentros con colectivos de búsqueda en 13 entidades de la República, que de los mil 600 cuerpos que han sido sepultados en 17 cementerios del estado, en fosas comunes, por lo menos mil 217 no están identificadas.

Este colectivo detalló que en la última década se han recuperado de fosas clandestinas 600 cuerpos y más de 10 mil restos humanos en el estado, la inmensa mayoría siguen sin ser identificados.

La señora Cruz Bernal expuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene un registro de 533 cuerpos de personas sin identificar que están en las morgues del Servicio Médico Forense y funerarias del estado de Sinaloa.

Asentó en el informe que estos datos ubican a la entidad como el segundo estado con más casos sin resolver e identificar.

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En el documento, que fue expuesto al personal de la Organización de Naciones Unidas, los miembros de este colectivo plasmaron que se les ha ofrecido un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para buscar en morgues y panteones a personas sin identificar y tratar de regresarlos con sus familiares.

María Isabel, del estado de Oaxaca, en enero del 2017, tuvo que cambiar su residencia y fundar uno de los colectivos de búsqueda derivado a que su hijo, Josimar “N”, elemento de la Policía Municipal de Culiacán, fue  privado de su libertad por hombres armados que lo sacaron con lujo de violencia de su hogar.