Comité de Continuidad y Evaluación del Plan de Persecución Penal mejorará procuración de justicia: IIM

Con la representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el subsecretario general de Gobierno, Isidro Ibarra Morales, presidió la firma de un acuerdo entre la Procuraduría General de Justicia (PGJE), autoridades estatales y la sociedad civil. El objetivo de este acuerdo es implementar estrategias más eficientes para abordar los delitos y mejorar las tareas de investigación.

Durante la reunión en la sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, se anunció que, a través de esta colaboración, se buscará reducir la incidencia delictiva y mejorar la atención a las denuncias. Se dará prioridad a los casos y se ejecutará el Plan de Persecución Penal para Baja California Sur.

El procurador General de Justicia, Daniel de la Rosa Anaya, enfatizó que resolver un mayor número de casos ayuda a combatir la impunidad y contribuye a disminuir la incidencia delictiva. Destacó la importancia de establecer una estrategia coordinada basada en un análisis detallado de los recursos humanos y materiales disponibles para optimizarlos y obtener mejores resultados.

Se acordó trabajar en los diez delitos de mayor incidencia en la entidad, como la violencia familiar, amenazas, daños, lesiones dolosas, robo a casa habitación, fraude, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, robo a negocio, robo de vehículo y abuso sexual.

Además, se incluirán homicidio doloso, feminicidio, secuestro, desaparición de personas, violación y extorsión, ya que, aunque no se encuentren entre los delitos más frecuentes, tienen un profundo impacto en la sociedad.

El Comité será responsable de evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Persecución Penal en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, así como de realizar los ajustes necesarios para su organización y operación.

Ibarra Morales resaltó la importancia de este Comité de Continuidad y Evaluación del Plan de Persecución Penal, ya que la participación y la observación ciudadana son estrategias clave para fortalecer la gestión gubernamental mediante la inclusión y la transparencia.