El Congreso de Baja California Sur aprobó, por mayoría, dos minutas enviadas por las cámaras de senadores y diputados. Estas reformas modifican la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa y simplificación orgánica.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de la XVII Legislatura destacó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que apoya el control de la criminalidad y fortalece la investigación de delitos.
Durante el debate sobre la prisión preventiva oficiosa, la diputada Lupita Saldaña (PAN) rechazó la reforma y afirmó que dejar estas decisiones a los jueces representa “una gran violación a los derechos humanos, un instrumento de países autoritarios, una medida injusta, anticonstitucional y regresiva que no sirve para combatir la delincuencia”.
Por otro lado, la reforma de simplificación orgánica busca reorganizar funciones de siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos la COFECE, IFT, INAI, y CONEVAL. La Comisión dictaminadora considera que esta reorganización reducirá duplicidad de funciones y fomentará la transparencia administrativa.
El diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) votó en contra y señaló: “Debemos reflexionar muy bien… Estoy seguro de que más adelante saldrá caro para nuestro país”.
La diputada Lupita Saldaña (PAN) también criticó la medida. “La desaparición de estos organismos tiene implicaciones negativas… Facilitará aún más la corrupción y concentrará poderes en el ejecutivo federal, dañando a la democracia”, sostuvo.
En defensa de la reforma, la diputada Karina Olivas (PT) aseguró que esta transformación no elimina derechos, sino que fortalece el marco constitucional. “Las reformas propuestas potencian el reconocimiento de derechos en nuestra norma suprema”, subrayó.
Estas decisiones generaron un intenso debate en el Congreso, reflejando posiciones encontradas sobre su impacto en el país.
