Venezuela se queda sin alas: la crisis aérea se agrava en plena confrontación con Estados Unidos

Las decisiones del gobierno venezolano, sumadas a las advertencias de la FAA y las órdenes de Trump, han dejado a miles de viajeros sin opciones en plena temporada de festividades
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La creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha desembocado en una crisis aérea sin precedentes que, lejos de ser un episodio aislado, exhibe el deterioro estructural que arrastra el país desde hace más de una década. El nuevo choque diplomático, impulsado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el llamado de Donald Trump a considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, ha empujado al gobierno de Nicolás Maduro a profundizar su aislamiento, tomando decisiones que golpean directamente a miles de pasajeros en plena temporada de fin de año.

El corazón del conflicto radica en la disputa por el control y la seguridad del espacio aéreo venezolano, una discusión que ya lleva más de una semana y que escaló cuando Caracas revocó abruptamente las concesiones de vuelo a seis aerolíneas internacionales. La administración de Maduro acusó a estas compañías de alinearse con las “acciones de terrorismo” de Washington, luego de que la FAA estadounidense pidiera a pilotos y aerolíneas extremar precauciones ante una “situación potencialmente peligrosa” en la región. Este choque diplomático terminó cerrando rutas clave y desatando incertidumbre entre usuarios y empresas.

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La decisión venezolana dejó fuera a operadores de enorme relevancia —Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol—, afectando la conectividad con Europa y Sudamérica en un momento crítico. Para el gobierno de Maduro, la medida fue presentada como un acto de soberanía; para el sector aeronáutico, representó un retroceso que compromete seriamente la viabilidad de viajar hacia y desde Venezuela. Latam, por ejemplo, justificó la suspensión en la necesidad de proteger a pasajeros y tripulaciones, en línea con las advertencias de la autoridad aérea estadounidense.

La postura de Caracas se endureció aún más cuando Diosdado Cabello defendió la revocación de permisos asegurando que Venezuela “decide quién vuela y quién no”, enviando un mensaje político más que técnico. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte insistió en que el espacio aéreo es seguro y que la narrativa estadounidense es interesada, aunque reconoció que Washington incluso había solicitado “permisos especiales” para vuelos de repatriación, los mismos que ahora quedaron suspendidos por órdenes de Trump. Entre estas decisiones cruzadas, los venezolanos que esperaban reunirse con sus familias quedaron atrapados en el fuego cruzado.

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La crisis actual no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una decadencia aérea que comenzó a fraguarse en 2014, cuando decenas de aerolíneas suspendieron operaciones por impagos millonarios del gobierno. A ello se sumaron protestas, tensiones diplomáticas, sanciones, crisis políticas y la pandemia, hasta convertir a Venezuela en uno de los hubs más restringidos del continente. Incluso tras ligeras recuperaciones, como la reapertura parcial en 2025, las relaciones con Panamá —clave para conectar con el resto del mundo— siguen deterioradas y operan apenas en niveles mínimos.

Hoy, unas pocas aerolíneas estatales o regionales —Conviasa, Avior, Copa, Wingo y Boliviana de Aviación, entre otras— sostienen lo que queda de conectividad internacional. Sin embargo, la IATA advierte que el impacto inmediato es devastador: alrededor de 15.000 pasajeros por semana están siendo afectados por cancelaciones, restricciones y reacomodos imposibles. Para muchos, la única alternativa viable es entrar por tierra, a través de pasos fronterizos que también enfrentan problemas de seguridad, logística y tensiones políticas.

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El aislamiento de Venezuela se profundiza aceleradamente. Con el Atlántico prácticamente cerrado, las principales rutas comerciales suspendidas y las relaciones con Estados Unidos en su punto más tenso en años, el país vuelve a depender de corredores secundarios y fronterizos que no sustituyen las pérdidas económicas, turísticas y humanas que deja el cierre del espacio aéreo. La disputa supera el ámbito aeronáutico y evidencia cómo la pugna geopolítica termina definiendo la movilidad de un país entero.

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